El Ministerio Público presentó la acusación formal contra diez personas dentro de la investigación por el denominado caso Botrading, entre ellas Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la gestión de Luis Arce, quien es acusado por cuatro delitos en grado de autoría.
La acusación fue elaborada y firmada por los fiscales de La Paz Omar Yujra, Walter Lora y Ronald Jurado Ayaviri, y posteriormente presentada ante el juez quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, instancia que deberá analizar el requerimiento del Ministerio Público y continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso.
De acuerdo con la acusación fiscal, aunque son diez las personas que fueron formalmente acusadas, los involucrados no enfrentan necesariamente los mismos cargos ni tienen idéntica participación atribuida dentro de la investigación.
Entre los principales acusados se encuentran Armin Dorgathen, Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza y Gabriela Delgadillo, quienes, según el Ministerio Público, son procesados por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta económica, todos ellos en grado de autoría.
Uno de los pedidos incluidos en el documento presentado ante el juez establece que se disponga la confiscación de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a “todos los acusados”, como parte de las medidas solicitadas por la Fiscalía dentro del proceso.
El caso Botrading se originó a partir de una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con esta subsidiaria de YPFB, constituida en Paraguay durante la gestión de Dorgathen al frente de la petrolera estatal.
Según los antecedentes de la investigación, la creación de Botrading tenía entre sus objetivos facilitar las operaciones de importación de combustibles y contribuir a una reducción de los costos asociados a la adquisición de carburantes para el mercado boliviano.
Sin embargo, el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en las operaciones realizadas mediante esta empresa, entre ellas un supuesto sobreprecio en la compra de combustibles, además de otros hechos que fueron incorporados al proceso penal.
