El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, anunció que se presentarán los recursos legales correspondientes y se impulsará un proyecto de ley con el objetivo de evitar la paralización del juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. La autoridad cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de señalar la falta de una norma específica que establezca el procedimiento para llevar adelante este tipo de procesos contra exmandatarios y otras altas autoridades del Estado.
Urioste manifestó que respeta la determinación asumida por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, aunque expresó su desacuerdo con la decisión de trasladar el problema a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según explicó, la Fiscalía buscará mecanismos jurídicos que permitan dar continuidad a la causa y evitar que la falta de una legislación específica termine frenando por completo su tramitación.
“El Tribunal Supremo (de Justicia) ha tomado una decisión que la respeto, pero no la comparto. Vamos a plantear los recursos correspondientes, porque no me parece que, existiendo un procedimiento bueno o malo, se pase la pelota a la Asamblea Legislativa en ese momento”, manifestó el fiscal general interino.
La autoridad también informó que se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que pueda ser presentado a la brevedad posible ante el Legislativo. La propuesta tendría como finalidad establecer un procedimiento claro para los juicios de responsabilidades, atendiendo las observaciones formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia y los criterios constitucionales relacionados con las garantías procesales.
Urioste explicó que uno de los aspectos centrales que deben resolverse es la garantía de la doble instancia, es decir, la posibilidad de que una decisión judicial pueda ser revisada por una instancia superior, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa correspondiente.
“La recomendación del Tribunal Constitucional es que se garantice la doble instancia, que me parece que ese es el tema inconstitucional. Pero la norma vigente no ha sido derogada”, sostuvo.
En ese contexto, el fiscal señaló que la Fiscalía considera posible continuar con determinadas actuaciones dentro de la causa, al menos hasta el punto en que legalmente sea viable, con el propósito de preservar el avance de la investigación y evitar que el proceso quede completamente detenido mientras se resuelve el vacío normativo.
“Se van a plantear los recursos correspondientes para que esto continúe y no se pare”, afirmó Urioste, al ratificar que se buscarán alternativas legales para dar continuidad al caso.
La controversia se conoció este martes, después de que se informara que la Fiscalía admitió la proposición acusatoria contra Evo Morales y Álvaro García Linera, con miras a un eventual juicio de responsabilidades. Tras ese anuncio, surgieron cuestionamientos sobre la viabilidad de avanzar con el proceso mientras no exista una ley que regule de manera específica el procedimiento aplicable a este tipo de juicios.
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Romery Ruiz, señaló que la ausencia de esa normativa constituye un obstáculo para el desarrollo de los procesos contra altas autoridades del Estado. Según explicó, el sistema judicial necesita reglas claras que permitan establecer cómo deben tramitarse estas causas y cuáles son las instancias que deben intervenir.
“Estamos atascados por falta de una ley que nos dé el procedimiento para juzgar a altos dignatarios de Estado”, manifestó Ruiz en declaraciones a los medios de comunicación.
La magistrada también indicó que el Tribunal Supremo de Justicia presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley destinado a establecer el procedimiento para juzgar a altas autoridades estatales. Sin embargo, aseguró que la propuesta todavía no fue tratada por el órgano legislativo.
