Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervinieron este miércoles las oficinas de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (AISEM), en la ciudad de La Paz, tras conocerse denuncias sobre presuntos cobros irregulares a funcionarios a cambio de permitirles conservar sus fuentes laborales.
La intervención policial tiene como objetivo recolectar elementos de prueba e investigar las acusaciones que involucran a personas que presuntamente habrían exigido dinero a trabajadores de esta institución, dependiente del Ministerio de Salud, para garantizar su permanencia en sus puestos de trabajo.
La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes y que la Policía activó las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
“Han denunciado que estaban haciendo cobros. La investigación está en manos de la Policía para investigar estos hechos y vamos a dejar en manos de ellos para tomar las medidas”, manifestó la autoridad durante una conferencia de prensa.
Flores evitó brindar mayores detalles sobre el caso, debido a que las investigaciones se encuentran en curso. Sin embargo, aseguró que el Ministerio de Salud no encubrirá ningún hecho irregular y que todas las denuncias recibidas serán atendidas conforme a los procedimientos establecidos.
Asimismo, la ministra afirmó que se buscará precautelar la situación laboral de los funcionarios que denunciaron los presuntos cobros, con el propósito de evitar que sufran consecuencias por haber puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos.
“Actualmente, las investigaciones están a cargo de las autoridades competentes. El Ministerio de Salud reafirma que no encubrirá y toda denuncia será atendida. Vamos a precautelar su situación laboral de estas personas que han denunciado”, sostuvo.
Por su parte, la diputada de Libre, Cecilia Vargas, informó que efectivos policiales ingresaron a las oficinas de la AISEM para realizar las actuaciones investigativas y recolectar pruebas relacionadas con las denuncias presentadas por los trabajadores.
La legisladora indicó que recibió información sobre presuntas exigencias económicas dirigidas al personal de la institución, bajo el supuesto de que debían entregar determinadas sumas de dinero para conservar sus puestos laborales.
“Se han recibido denuncias de cobros para mantener fuentes de trabajo; habrían extorsionado a personal de esta institución”, declaró Vargas en las puertas de las oficinas de la AISEM.
De acuerdo con la información proporcionada por la diputada, los montos presuntamente exigidos variarían según la escala salarial y los ingresos que percibían los profesionales que trabajan en la institución.
Vargas señaló que las cantidades denunciadas oscilarían entre 8.000, 10.000 y 15.000 bolivianos. Además, indicó que algunos funcionarios habrían recibido solicitudes para entregar la totalidad de sus salarios, mientras que a otros presuntamente se les habría exigido la mitad de sus ingresos mensuales.
“Por la escala que conocemos, podrían ir desde 8 mil, 10 mil, 15 mil bolivianos y a algunos funcionarios les han pedido todo el sueldo y a otros la mitad. Les han pasado los montos por escrito para evitar ser grabados”, explicó la legisladora.
