Tal como lo anunció, durante la reunión de gabinete de este miércoles, el presidente Luis Arce debería abrogar formalmente el Decreto 5143 que pretendía regular la reforma en Derechos Reales. Pero, esa no es la única norma que es rechazada por colectivos ciudadanos y políticos. Hay otros dos decretos vinculados con bienes inmuebles que también son rechazados.
Durante el ampliado nacional de los Trabajadores Gremiales que tuvo lugar en Tarija, por ejemplo, se habló de exigir la eliminación del Decreto 5139, que delega a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) la migración de datos de Derechos Reales en función del, por ahora, fallido proceso de reforma de DDRR.
El diputado Juan José Jáuregui, uno de los aliados del presidente Luis Arce en el Legislativo, recordó que el viernes pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una demanda cautelar sobre la constitucionalidad de un decreto o, en su defecto, una ley que regule el registro de las propiedades en el país. “Desde el viernes, los efectos jurídicos del mencionado decreto ya no existen razones para la movilización”, señaló respecto a las normativas conexas.
El otro decreto que genera susceptibilidad es el 4732 que establece requisitos para la transferencia de inmuebles, entre ellos de un certificado previo. El expresidente Evo Morales cuestionó la vigencia de esta normativa el fin de semana, pero el ministro de Justicia, Iván Lima, la defendió porque, según explicó, fue diseñada para evitar “abusos” que pueden cometer inmobiliarias en esas transacciones.
La reforma de Derechos Reales estuvo en el plan del Ministerio de Justicia desde 2021, cuando apenas comenzaba la gestión de gobierno. Se proyectó una ley y se realizaron consultas con el Órgano Judicial para que el control del registro pase a una entidad autónoma pero vinculada con el Ministerio de Justicia. La iniciativa no prosperó, pero se proyectó una ley.
“La reunión con autoridades municipales de Santa Cruz nos ha permitido socializar el anteproyecto de ley de creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales en sustitución de la actual institución que presta servicios en el país con una ley de 1887, que es la única ley que está en vigencia después de más de 134 años y no ha permitido tener una institución transparente, oportuna que brinde seguridad jurídica en la población, sino más al contrario, se ha convertido en una institución totalmente ancestral, caduca hasta corrupta generando diferentes problemas entre privados y públicos”, manifestó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, el 22 de julio de 2021. El plan no prosperó.
El ministro Lima no se refirió ayer al recorrido que tuvo esta iniciativa, pero defendió la necesidad de contar con un registro moderno.
El abogado Paul Coca, señaló que Arce ya no tiene operadores políticos para viabilizar una ley para normar políticas públicas.
