El reciente anuncio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sobre las multas millonarias a entidades de intermediación financiera (AIF) ha desencadenado una serie de debates y preocupaciones en el sector financiero boliviano. La acusación de vender dólares a un precio superior al establecido oficialmente ha desatado una reacción por parte de ejecutivos vinculados al sector, quienes sostienen que el Gobierno, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), tiene una deuda pendiente de más de $us 2.500 millones con las entidades financieras.
Estos ejecutivos, cuyas identidades han sido resguardadas por motivos de confidencialidad, enfatizan que la devolución de estos recursos permitiría abastecer de dólares al público, especialmente para satisfacer las necesidades de los importadores de insumos para la industria nacional. La cifra mencionada por estos ejecutivos, aunque ligeramente menor que la reportada oficialmente, pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgencia de abordarlo.
Basado en información proporcionada por el BCB, se revela que el ente emisor adeuda a las entidades financieras la suma de $us 2.856 millones, principalmente por la constitución del Fondo de Garantías para la colocación de créditos al sector productivo, créditos de vivienda de interés social y créditos orientados a fomentar el ahorro y la eficiencia energética.
Aunque las cifras exactas pueden variar, la gravedad del problema es innegable. Los ejecutivos consultados coinciden en que esta situación ha impactado significativamente en las operaciones financieras, con bancos que ya no realizan transacciones en dólares y cuentas inactivas que están siendo cerradas progresivamente. La limitación de operaciones en dólares se ha vuelto evidente, con restricciones incluso en giros al exterior y ventas de divisas.
La falta de respuesta por parte de la Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) refleja la sensibilidad del tema y la complejidad de la situación. Sin embargo, expertos en el campo bancario, como Róger Mario López, han expresado su preocupación por las implicaciones de las medidas adoptadas por la ASFI y el Gobierno. López destaca que estas medidas parecen ignorar la realidad del mercado y la dinámica de la oferta y la demanda.
El experto advierte que forzar a las entidades financieras a vender dólares al tipo de cambio oficial sin considerar los costos adicionales que enfrentan podría desincentivar su adquisición, lo que a su vez generaría escasez y distorsiones en el mercado. López sugiere que la solución preferible sería permitir que el mercado encuentre su equilibrio natural, evitando intervenciones excesivas que puedan conducir a consecuencias no deseadas, como la eliminación de operaciones en dólares o la creación de mercados paralelos poco regulados.
En resumen, la situación financiera en Bolivia enfrenta desafíos significativos que requieren una respuesta equilibrada y cuidadosa por parte de las autoridades. Es crucial encontrar un punto medio que garantice la estabilidad del sistema financiero mientras se abordan las preocupaciones legítimas de todas las partes involucradas.
