El empresario Harold Lora se vio envuelto en un dramático episodio durante su audiencia cautelar en la Policía Judicial, donde enfrentaba la posibilidad de ser encarcelado por seis meses. La sesión, programada para este martes, se vio interrumpida abruptamente debido a un desmayo sufrido por el acusado, quien fue trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una “descompensación”.
El motivo de la audiencia estaba relacionado con una denuncia presentada por un individuo, mientras que se esperaba una segunda imputación por otro delito similar. Además, estaba pendiente el caso de legitimación de ganancias ilícitas, cuya audiencia estaba programada para el día siguiente. Sin embargo, todos los horarios previstos se vieron alterados debido al incidente con el acusado.
Según declaraciones del viceministro de Gobierno, Roberto Ríos, Harold Lora enfrenta más de 30 denuncias en los tribunales de La Paz, las cuales curiosamente fueron rechazadas previamente por la Fiscalía. Sin embargo, se destaca que los únicos casos que llegaron a un juicio fueron por violencia intrafamiliar, presentados por su exesposa.
Por otro lado, el fiscal departamental, William Alave, indicó que solo tres denuncias llegaron al Ministerio Público y fueron rechazadas inicialmente, pero tras la apelación de las víctimas, el fiscal decidió admitir los casos y comenzar la investigación contra el empresario.
Es relevante mencionar que Harold Lora es hijo del general de Policía Hugo Lora Caballero, quien le dejó seis propiedades sin un claro origen de patrimonio conocido. La Fiscalía incluso investigó al general Caballero por la supuesta malversación de 25 millones de bolivianos en 2012, relacionados con el Consejo de Vivienda Policial (Covipol).
La notoriedad de Harold Lora surgió en 2018 con la aparición de las construcciones conocidas como “Las Loritas”, así como otras edificaciones. Según las investigaciones, el acusado es propietario de varias empresas, incluidas Youths Buildings, Naffel y Lidita SRL. Esta repentina fortuna es objeto de la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
