Durante la segunda audiencia virtual del juicio por el caso Senkata, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tomó la palabra para expresar su defensa. En un discurso firme ante el tribunal, Áñez señaló que el verdadero responsable de los eventos violentos de 2019 es el expresidente Evo Morales, a quien acusó de ser el “incitador de la violencia” de ese año y afirmó que Morales continúa repitiendo estos actos, “convulsionando al país y llamando a la guerra civil”. Según Áñez, Morales debería estar en el banquillo de los acusados, no ella.
Áñez enfatizó que el Gobierno central, dirigido por el presidente Luis Arce, estaba actuando con miedo y cobardía al permitir que Morales siga provocando desestabilización. Afirmó que Morales manipulaba a las personas para que se movilizaran hacia Senkata, lo que lo convierte, según ella, en el verdadero responsable de los hechos violentos. “Ese violento, el que los está dando de tomar de su chocolate, es el responsable de todo lo que sucedió en 2019”, aseveró Áñez.
El juicio contra la expresidenta, así como contra los exministros Arturo Murillo, Fernando López, Víctor Hugo Zamora, y otras 14 personas, entre civiles, militares y policías, está relacionado con la muerte de 10 personas en los disturbios de Senkata. Estos eventos, ocurridos el 19 de noviembre de 2019, son considerados por las víctimas como una “masacre”, y la denuncia ha sido promovida por el Ministerio de Justicia.
Durante la audiencia, Áñez recordó que durante los conflictos sociales que siguieron al supuesto fraude electoral de 2019, ella se encontraba en su ciudad natal, Trinidad, participando en bloqueos ciudadanos. Señaló que Morales está nuevamente intentando llevar a cabo un golpe de Estado contra el actual presidente Luis Arce. Según Áñez, la situación que vive actualmente Bolivia es una repetición de los eventos de 2019, pero esta vez, Morales pretende mantenerse en el poder por encima de la democracia. “El mismo que ahora intenta quedarse con el poder por encima de la democracia es el que en 2019 quiso perpetuarse con el fraude”, afirmó.
En su defensa del gobierno de transición que encabezó, Áñez recordó que fue ella quien solicitó una investigación seria sobre los hechos de Senkata, y quien firmó un convenio con el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para llevar a cabo dicha investigación. Rechazó las acusaciones en su contra, calificando el juicio como “ilegal” y una “burla” hacia las víctimas. Áñez sostuvo que las 18 personas acusadas, entre ellas civiles, militares y policías, solo cumplieron con su deber de proteger al pueblo y al Estado frente a un plan para volar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata. “Este juicio ilegal es una burla a las víctimas de Evo Morales”, sentenció.
El caso Senkata está relacionado con los eventos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto, donde manifestantes que protestaban en las inmediaciones de la planta de YPFB fueron reprimidos violentamente por las fuerzas del orden. Este día dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 31 heridas, la mayoría por armas de guerra. En su momento, las autoridades afirmaron que los manifestantes se habían disparado entre sí, pero las pericias posteriores determinaron que las víctimas fueron alcanzadas por balas de grueso calibre, atribuidas a las fuerzas de seguridad.
El juicio ha generado una profunda división en el país, con algunos sectores que consideran a Áñez y su gobierno de transición como responsables de la masacre, mientras que otros, como la propia expresidenta, defienden que actuaron en defensa del Estado frente a la violencia desatada tras la renuncia de Morales y las denuncias de fraude electoral en su contra.
