La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha logrado una primera victoria judicial tras su abrupto despido en medio del escándalo relacionado con la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales, la cual finalmente no fue ejecutada. El juez Yván Córdova Castillo emitió un fallo a su favor durante el fin de semana, en un contexto de creciente tensión y controversia en torno a las acciones del Ministerio Público.
El despido de Gutiérrez ocurrió el 2 de octubre, el mismo día en que se conoció la orden de aprehensión contra Morales, acusado de supuestos delitos de estupro y trata de personas. Gutiérrez alegó que fue presionada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para abandonar la investigación que involucraba al exmandatario. Su denuncia de coacción fue un punto clave en su defensa, lo que llevó al juez a considerar la tutela solicitada.
En su resolución, el juez Córdova afirmó que, en cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política del Estado y actuando como juez de garantías constitucionales, se concedía la tutela a Gutiérrez. “Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024”, dictó el juez, lo que significa que la decisión que había llevado a su despido fue considerada inapropiada. Además, se ordenó al fiscal general corregir el accionar que había perjudicado a la exfiscal.
En una conferencia de prensa, Lanchipa había argumentado que la decisión de apartar a Gutiérrez se debía a su supuesta “conducta negligente” en el ejercicio de sus funciones. Afirmó que su comportamiento, junto con otros aspectos relacionados con su idoneidad profesional, justificaron su despido y que este no estuvo relacionado con la emisión de la orden de aprehensión contra Morales. Estas declaraciones reflejan un intento del fiscal general de justificar la decisión tomada en un contexto tan delicado.
En un comunicado posterior, la Fiscalía General del Estado indicó que la orden de aprehensión contra Morales fue anulada porque había sido emitida por el delito de “estupro” y no por “trata y tráfico de personas”, como inicialmente se había comenzado la investigación. Esta aclaración sugiere un cambio significativo en la dirección del caso y podría tener implicaciones en la forma en que se procederá en el futuro.
