Una extensa coalición compuesta por 25 instituciones de la sociedad civil, junto con la Defensoría del Pueblo, ha emitido un pronunciamiento solicitando la habilitación de un corredor humanitario en todos los puntos de bloqueo que se han establecido en el país. Esta solicitud se produce tras más de 16 días de bloqueos, que han afectado gravemente a la población, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.
En el documento publicado por la Defensoría este martes, se destaca que los bloqueos han generado un impacto negativo significativo en la población más desfavorecida. “Considerando que los bloqueos generan un mayor perjuicio a la población en situación de vulnerabilidad, y en línea con la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión y Asociación, emplazamos a los grupos movilizados a efectuar una pausa solidaria/humanitaria para facilitar el paso de ambulancias, alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad”, se indica en el pronunciamiento.
Entre las instituciones firmantes se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Fundación Construir, la Coordinadora de la Mujer, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Conferencia Episcopal de Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia, entre otras. Este respaldo destaca la preocupación colectiva por la crisis humanitaria que se ha intensificado debido a los bloqueos.
Desde el 14 de octubre, grupos afines a Evo Morales iniciaron bloqueos en Cochabamba con el objetivo de expandir esta medida a otras regiones del país, aunque no lograron tener el mismo impacto en todo el territorio. Sin embargo, durante estos bloqueos, muchos camiones de transporte pesado han quedado varados, a la espera de que se levante la medida restrictiva.
Las organizaciones que han coordinado con la Defensoría también han alertado sobre un posible aumento de la tensión en las rutas. “Ante la delicada coyuntura que atraviesa el país, exhortamos a todos los actores involucrados a deponer actitudes hostiles que originen una mayor escalada de violencia entre bolivianos y bolivianas”, se lee en el pronunciamiento.
La situación se volvió aún más crítica tras un estallido de violencia en la localidad de Mairana, donde los enfrentamientos resultaron en heridos, rehenes y agresiones a periodistas. Ante esta realidad, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia decidió unirse a la solicitud de un corredor humanitario, resaltando la urgencia de facilitar el acceso a la asistencia médica y los suministros básicos necesarios para la población afectada.