Evo Morales, expresidente de Bolivia desde 2006 hasta 2019, ha generado controversia con sus recientes declaraciones, donde advirtió que su posible captura provocaría un “levantamiento” contra el actual presidente, Luis Arce, liderado por movimientos indígenas. Morales ha asegurado en una entrevista con la agencia EFE que, en tal caso, las Fuerzas Armadas se amotinarían, señalando un creciente descontento entre sectores militares y policiales debido a cambios en la jerarquía de mando. Esta situación se desarrolla en un contexto tenso, con Morales atrincherado en la región del Chapare, Cochabamba, su núcleo de apoyo político y sindical, donde ha permanecido por más de dos semanas. En respuesta, sus seguidores han iniciado bloqueos en carreteras clave del país para evitar una eventual orden de captura contra Morales, quien enfrenta cargos por presuntos delitos de trata de personas y estupro.
Morales afirma que, en caso de ser arrestado, se produciría una revuelta nacional. Sostiene tener en su poder audios de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, en los que le expresan que están dispuestos a amotinarse y a negarse a seguir órdenes del Gobierno, como respuesta a la inestabilidad en los mandos de seguridad. Además, el expresidente asegura que las protestas y bloqueos actuales son apenas el comienzo de una rebelión impulsada por sectores indígenas y campesinos leales a su causa, a quienes se conoce como “evistas”. Según Morales, estos sectores han decidido actuar de manera autónoma en defensa de su figura, en parte motivados por el deterioro de la economía del país, marcado por la escasez de combustible y el incremento del costo de los productos básicos.
Morales enfatizó su preocupación ante una posible escalada violenta, temiendo que un conflicto pueda desencadenar víctimas mortales en el país. Declaró enfáticamente: “Ojalá no lo haga, ojalá no haya un muerto en alguna región del país o (sus seguidores) van a tomar los cuarteles”, mientras golpeaba la mesa para recalcar sus palabras. Esta advertencia llega en un momento en el que el exmandatario también ha denunciado un presunto intento de asesinato en su contra. Según Morales, el domingo anterior, su vehículo fue interceptado en el Trópico de Cochabamba por individuos armados que dispararon 14 veces usando fusiles SA80, un tipo de arma de largo alcance que, afirma, no es empleada por la Policía boliviana. Este incidente tuvo lugar un día después de su 65.º cumpleaños, lo que él considera un intento deliberado de terminar con su vida.
El relato de Morales contrasta con las declaraciones de Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, quien asegura que Morales escapó de un control antidrogas en el Trópico de Cochabamba y que el expresidente y su equipo habrían disparado contra agentes de la Policía. Morales, sin embargo, cuestiona la veracidad de esta versión, señalando que los vehículos y armamento utilizados no coincidían con los usuales en operativos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), lo que a su parecer desvela una trampa en su contra. Según Morales, estos vehículos, decomisados al narcotráfico, fueron usados para montar una supuesta emboscada en la que le plantarían drogas para luego presentarlo como víctima de un ajuste de cuentas.
Para Morales, el ministro Del Castillo se ha convertido en un enemigo, debido a que este ha buscado dañarlo económica y políticamente. El expresidente culpa al ministro de orquestar el intento de asesinato y exige que sea destituido y llevado a juicio. Esta enemistad, afirma, está motivada por sus constantes denuncias sobre corrupción dentro de la Policía, donde aún cuenta con la lealtad de algunos oficiales.
A pesar de la presión que enfrenta, Morales ha sido claro en su intención de permanecer en el país. “No me iré de Bolivia”, ha sentenciado, reiterando que no planea exiliarse nuevamente y que su compromiso es quedarse y luchar al lado del pueblo para “salvar Bolivia”. Esta postura contrasta con los eventos de 2019, cuando renunció a la presidencia y se exilió en Argentina tras una crisis social y política desencadenada por denuncias de fraude electoral. En ese entonces, la presión internacional y nacional llevaron a Morales a dejar el poder y permitir la asunción de la presidenta interina Jeanine Áñez, situación que él califica como un golpe de Estado en su contra.
Desde su distanciamiento con Luis Arce en 2021, Morales ha sostenido que el actual mandatario, quien fue su ministro de Economía, ha buscado apartarlo de la política. Según el expresidente, personas cercanas a él le revelaron la existencia de un “plan negro” creado por Arce con el objetivo de retirarlo a él y al líder del Senado, Andrónico Rodríguez, también de tendencia “evista”, de la escena política.
La crisis interna del oficialismo ha escalado rápidamente, y la situación en el Chapare es especialmente crítica. La Policía se ha replegado de la zona alegando falta de garantías para operar, y como resultado, instituciones bancarias de la región han cerrado sus puertas debido a la falta de seguridad. Los bloqueos han dificultado la vida cotidiana en la región, y en la víspera, los seguidores de Morales retuvieron y agredieron a periodistas y policías que intentaron levantar un bloqueo.
En medio de esta creciente tensión, Morales sostiene que la única salida pacífica a esta situación sería la realización de elecciones primarias abiertas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir al candidato presidencial de 2025. Además, exige que se retiren los procesos judiciales en su contra como condición para frenar las protestas y desbloquear las carreteras. La pugna por el liderazgo en el MAS y la lucha entre sus diferentes facciones parecen encaminar a Bolivia hacia un panorama incierto, en el que el papel de Morales continúa siendo central y polémico.
