El reciente fallo del juez cautelar Primo Flores ha generado controversia al ordenar la libertad de Lucas Aguilar Triveño, uno de los principales responsables del brutal asesinato del taxista José Carlo Orellana Peralta, de 27 años. Orellana fue asesinado el 13 de julio después de haber sido secuestrado y agredido por un grupo de individuos que intentaron robarle su vehículo. A pesar de que la víctima sobrevivió al ataque inicial, fue abandonada en un matorral, donde agonizó durante 24 horas antes de sucumbir a sus heridas.
La decisión de otorgar a Aguilar Triveño medidas sustitutivas, que incluyen la detención domiciliaria y un permiso para trabajar, ha sido criticada por la fiscal especializada en delitos contra la vida, Rose María Barrientos, quien ha apelado la resolución al considerar que debería enfrentarse a la justicia por asesinato. La indignación se ha extendido entre los familiares de la víctima, quienes claman por justicia y temen que la impunidad prevalezca.
La historia del asesinato de José Carlo Orellana comienza la noche del 13 de julio, cuando recibió una solicitud de un servicio de transporte por parte de Abigail Álvarez Murillo. A su llegada, se encontró con Anthony Álvarez Calzadilla y otros cómplices, quienes tenían la intención de no pagar la carrera, una práctica conocida como “taxi bola”. Cuando Orellana exigió el pago, fue disparado por Álvarez Calzadilla. A pesar de no haber muerto de inmediato, fue agredido y arrastrado más de 100 metros, donde fue dejado en un terreno baldío.
Los atacantes intentaron cavar una fosa para ocultar el cuerpo, pero se retiraron al temer ser descubiertos. La situación culminó con el hallazgo del cuerpo de Orellana el 17 de julio, que mostró evidencias de múltiples impactos de bala. Tras una intensa investigación, la Policía detuvo a varios sospechosos, incluidos los principales perpetradores, quienes intentaron huir hacia Chile tras el crimen.
La detención de Lucas Aguilar, así como de otros implicados, no solo destaca la gravedad de este crimen, sino que también refleja las luchas del sistema judicial para garantizar justicia en casos de violencia. La apelación de la fiscal y las demandas de la familia de Orellana subrayan la necesidad de un enfoque más firme contra la impunidad y el fortalecimiento de las medidas preventivas para proteger a la comunidad.
