Siete de los nueve gobernadores de Bolivia expresaron su rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, señalando que el Gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos asumidos durante el último Consejo Nacional de Autonomías. En un documento conjunto, los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, respaldados por equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, cuestionaron la falta de inclusión de las regiones en el diseño presupuestario.
El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, destacó que el rechazo al anteproyecto se debe a inconsistencias en la distribución de recursos y a la falta de coherencia con las instrucciones del presidente Luis Arce en reuniones técnicas previas. Según Aguilera, el diseño actual ignora las prioridades regionales y los acuerdos previos.
El PGE 2025 proyecta un presupuesto consolidado de 296.565 millones de bolivianos, con un incremento del 11,7% respecto al año anterior. Este contempla:
- Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 3,51%.
- Inflación proyectada en 7,5%.
- Un déficit fiscal elevado del 9,2% del PIB.
El plan mantiene un alto gasto público, priorizando sectores clave como educación (Bs 31.078 millones) y salud (Bs 29.892 millones), así como subsidios a hidrocarburos por más de $us 2.900 millones. No obstante, analistas económicos advierten sobre la sostenibilidad del modelo debido a la creciente deuda externa, restricciones en el acceso a divisas y la existencia de un mercado paralelo del dólar.
Además del rechazo al PGE, los gobernadores manifestaron su oposición al Decreto Supremo 5264, que regula la gestión de recursos relacionados con el cambio climático. Argumentaron que esta normativa excluye a municipios, gobiernos indígenas y comunidades que custodian los bosques.
Bolivia cuenta con 55 millones de hectáreas de bosques, capaces de generar ingresos anuales estimados en $us 5.000 millones por servicios ambientales. Los gobernadores exigieron un marco legal que garantice la distribución equitativa de estos beneficios entre todos los niveles de gobierno y las comunidades locales.
Los gobernadores acordaron desarrollar una propuesta integral que aborde aspectos técnicos, ambientales y jurídicos para mejorar la redistribución de recursos provenientes del mercado de carbono. También solicitaron un mayor diálogo y transparencia en la planificación presupuestaria nacional.
