El sector arrocero del norte integrado de Santa Cruz se encuentra en estado de emergencia luego de la intervención y secuestro de arroz realizado por el Ministerio Público el pasado viernes. El presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), Jimmy Guillermo Prado, advirtió que, de repetirse este tipo de acciones, se procederá al bloqueo inmediato de carreteras como medida de protesta.
Prado denunció que el secuestro de arroz en los ingenios representa un atentado contra la seguridad jurídica de las empresas productoras y llamó a otros sectores del agro a mantenerse alertas ante posibles intervenciones a las unidades productivas cruceñas. “Si una vez más se interviene un solo ingenio, entonces la determinación es el bloqueo, directamente. No vamos a permitir que se entren, que estén allanando a un solo ingenio más”, manifestó con firmeza el dirigente.
Tras la intervención de la Fiscalía, surgieron las primeras amenazas de bloqueo en la región del Norte integrado, particularmente en la ruta troncal que conecta Santa Cruz con Cochabamba, así como en los caminos secundarios que unen a los distintos municipios de la región. Según Prado, esta situación no solo afecta a Ingenor, sino también a otras instituciones productivas como las del sector avícola, ganadero y soyeras, quienes respaldan la protesta.
“El atropello a las instituciones privadas no solo amenaza a Ingenor, sino también a otros sectores del agro. Montero es un ente alimenticio, y estamos en una época difícil. El Gobierno insiste en maltratarnos”, sostuvo Prado, quien además resaltó la importancia de este sector, que genera empleo para 5.000 personas.
Prado afirmó que los ingenios arroceros han trabajado con puertas abiertas y plena transparencia, lo cual, según el dirigente, se ha demostrado en diversas reuniones con las autoridades. Sin embargo, la intervención reciente ha deteriorado completamente las relaciones entre el sector y el Gobierno, rompiendo cualquier posibilidad de diálogo.
A pesar de la presión y las acciones de la Fiscalía, los ingenios continúan operando, pero con un panorama incierto y bajo la amenaza de nuevas intervenciones. Prado hizo un llamado a las autoridades para cesar las acciones contra los productores y procesadores del grano, señalando que estas medidas afectan gravemente la estabilidad laboral y económica de miles de familias dependientes del sector.
