El penal de Palmasola, en Santa Cruz, fue escenario de una protesta masiva este martes, donde cientos de internos se amotinaron exigiendo el pago de los prediarios, fondos destinados a cubrir su alimentación. Desde el mediodía, los reclusos reclamaron al grito de “¡Rancho, Rancho!” y exhibieron pancartas, denunciando que llevan casi una semana sin recibir alimentos adecuados debido a una deuda de tres meses que la Gobernación de Santa Cruz mantiene sin saldar.
Uno de los internos expresó a medios locales: “Estamos pidiendo lo que nos corresponde. Hace dos semanas que no comemos como se debe. Aquí hay personas de la tercera edad y jóvenes con problemas de salud que también están sufriendo esta situación”.
El director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que la crisis alimentaria afecta a más de 11.000 privados de libertad en el departamento. Según Limpias, la deuda corresponde a tres meses de prediarios, equivalentes a Bs 8 por interno al día, lo que representa una suma significativa.
“Ya enviamos las notas correspondientes a la Gobernación para que cumpla con este pago. Es una responsabilidad que no se puede dejar de lado, ya que la alimentación es un derecho fundamental”, señaló Limpias durante su visita al recinto carcelario.
La protesta adquirió mayor relevancia simbólica al coincidir con el Día Internacional de los Derechos Humanos, lo que impulsó a entidades como el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos humanos a exigir una pronta solución.
En el motín, los internos mostraron ollas vacías como símbolo de su desesperación. Durante su intervención, Limpias destacó que se está coordinando con autoridades locales y nacionales para buscar una salida a esta problemática, subrayando que la alimentación de los internos no puede ser desatendida.
Mario Aguilera, gobernador en ejercicio, reconoció la deuda pero justificó el retraso en el pago debido a problemas financieros. “Estamos realizando una reingeniería económica para cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, es importante recordar que los prediarios son una competencia delegada por el Gobierno nacional, y esto afecta también áreas como salud y educación”, explicó Aguilera.
