La Fiscalía de Santa Cruz presentó una imputación formal contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, en el marco del proceso judicial iniciado por una acción de privacidad promovida en 2023 por Róger Mariaca, quien en ese entonces ejercía como fiscal departamental y actualmente ocupa el cargo de Fiscal General del Estado.
El documento de imputación detalla que Cuéllar enfrenta cargos por los delitos de desobediencia en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, tras haber realizado reiterados ataques, tanto en medios de comunicación como en declaraciones públicas, contra Mariaca y su familia. Dichas acciones ocurrieron pese a las restricciones impuestas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), que había emitido órdenes claras para proteger la privacidad y seguridad del denunciante y su entorno familiar.
La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, fundamentó su solicitud de medidas sustitutivas para el diputado Cuéllar, incluyendo arraigo y otras restricciones. Aguilera argumentó que existen riesgos procesales, entre ellos, la posibilidad de obstaculización de la investigación, además de la reincidencia en las conductas denunciadas.
El Ministerio Público sostiene que Cuéllar infringió la privacidad de Mariaca al divulgar información personal que puso en peligro no solo al entonces fiscal departamental, sino también a su familia. Estas acciones, según la imputación, constituyen una violación directa a las disposiciones legales y afectan los derechos fundamentales de las personas involucradas.
El caso tomó un giro más contundente el pasado 13 de agosto, cuando el legislador fue aprehendido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el garaje del Palacio de Justicia. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, tras la ausencia reiterada de Cuéllar a sus audiencias de medidas cautelares. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) en la zona del Plan 3.000, donde pasó la noche bajo custodia.
El diputado del MAS había ignorado citaciones previas de la justicia, lo que motivó su aprehensión. Su falta de comparecencia se consideró como un incumplimiento de las normativas procesales, agravando su situación legal.
El Ministerio Público espera la confirmación de la fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares, en la cual se decidirá si el diputado enfrentará restricciones adicionales mientras continúa la investigación en su contra. La Fiscalía busca garantizar que el proceso judicial siga su curso sin interferencias y que se respete el debido proceso, considerando los riesgos asociados al caso.
