Luego de que la calificadora Fitch Ratings otorgara el puntaje más bajo a Bolivia en su última evaluación de riesgo, el Gobierno cuestionó esta calificación al considerar que la evaluación realizada es limitada y no refleja la complejidad de la economía nacional. Según Fitch, Bolivia está al borde del default, lo que generó una respuesta enérgica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del país, que rechazó la calificación otorgada, bajando el puntaje de “CCC” a “CCC-”.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio expresó su desacuerdo con la calificación de Fitch, argumentando que su análisis es reduccionista y no toma en cuenta aspectos clave de la economía boliviana. Aseguraron que centrar la evaluación únicamente en los niveles de las Reservas Internacionales Netas (RIN) omite otros factores esenciales que definen la salud económica de un país.
La entidad destacó que, para realizar una valoración adecuada de la economía de Bolivia, es necesario considerar una serie de indicadores clave, tales como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el desempeño del sistema financiero, la inversión, el cumplimiento de la deuda externa, el empleo y la pobreza, entre otros. Señalaron que estos factores deben ser analizados de manera integral para poder entender correctamente la situación económica del país.
En el mismo comunicado, el Ministerio de Economía presentó datos que respaldan su postura. Resaltaron que la economía boliviana ha mostrado resultados positivos, con un crecimiento del 3,1% en 2023 y un 2,6% al segundo trimestre de 2024. Además, mencionaron que la tasa de desempleo alcanzó un mínimo histórico del 3,4% en junio de 2024. Estos datos, según el Gobierno, demuestran la solidez de la economía a pesar de los desafíos enfrentados.
En cuanto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Gobierno detalló que estas se estabilizaron tras la promulgación de la Ley del Oro. A finales de 2024, las RIN alcanzaron los $1.976 millones, lo que representó un aumento de $267 millones respecto al año anterior. Asimismo, se mencionó que se esperan mayores compras de oro en 2025, lo que podría mejorar aún más la situación.
No obstante, el Gobierno también reconoció que la liquidez en divisas se vio afectada por varios factores, como bloqueos legislativos, especulación cambiaria y una caída en la producción y exportación de gas debido a la falta de inversión previa en exploración. En 2024, el país sufrió bloqueos prolongados que generaron pérdidas de más de $3.000 millones y un aumento en la inflación. A pesar de estos contratiempos, Bolivia cumplió con sus obligaciones de deuda externa.
El Ejecutivo también destacó las medidas que se han tomado para enfrentar la caída de la producción de gas. Desde 2021, se ha implementado el Plan de Reactivación del Upstream (PRU), que incluye 56 proyectos destinados a reponer las reservas de hidrocarburos, aumentar la producción de gas y petróleo, y promover el desarrollo del país. Estas acciones, según el Gobierno, buscan garantizar la estabilidad energética y mejorar la situación económica.
Por otro lado, Fitch Ratings, que es una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, redujo la calificación de Bolivia a ‘CCC-‘ debido a los graves problemas económicos del país. Según la agencia, Bolivia enfrenta un alto riesgo de no poder pagar su deuda externa en los próximos años. Entre los principales problemas que menciona Fitch se encuentra el elevado gasto público, que en 2024 representó un 9,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto significa que el Gobierno gastó más de lo que recaudó, lo que incrementa el riesgo de inflación. Para financiar este gasto, el Gobierno recurrió a la impresión de dinero, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en la estabilidad económica del país.