El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la activación de un mecanismo de importación de combustibles a precios internacionales, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha generado diversas reacciones, especialmente en el sector del transporte pesado. Esta medida busca garantizar el abastecimiento de hidrocarburos ante la creciente demanda, pero ha encendido el debate sobre el futuro de la subvención estatal a los combustibles.
Juan Yujra, dirigente del sector de transporte pesado, señaló que, si bien la importación de combustibles a precio internacional podría ser una alternativa viable, es fundamental abordar la eliminación progresiva de la subvención a los hidrocarburos.
“La subvención le ha traído muchos problemas al Gobierno. Nosotros incluso hemos propuesto que esta se levante de manera gradual para que la población no se vea tan afectada. Se necesita un análisis profundo, porque si el Gobierno hubiera incrementado el precio en solo 10 centavos por año, hoy el combustible costaría alrededor de Bs 6 por litro después de casi dos décadas de gestión”, explicó Yujra.
Por su parte, Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, calificó la propuesta gubernamental como un golpe inesperado para su sector.
“Es un vaso de agua fría para el transporte pesado boliviano, ya que somos los que más dependemos de este combustible. Escuchar al ministro de Hidrocarburos nos da pena, porque no plantea ninguna solución real al problema”, manifestó Mercado.
Además, cuestionó la falta de recursos del Gobierno para asegurar el suministro de carburantes y se preguntó cuál es el destino de los ingresos generados por los impuestos que paga la población.
El reconocimiento del déficit en el abastecimiento de combustibles por parte del Gobierno fue admitido por el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, durante una conferencia de prensa. Ambos funcionarios reconocieron que la producción nacional de hidrocarburos es insuficiente para cubrir la demanda de los sectores productivos, lo que hace necesaria la importación de carburantes bajo condiciones de mercado internacional.
En respuesta a estas declaraciones, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, expresó su preocupación a través de su cuenta en la red social X, asegurando que las autoridades han “capitulado” en su gestión.
“El presidente de YPFB ya no puede cumplir con la provisión normal e irrestricta de combustibles, que es su mayor obligación estratégica. Con su capitulación, se consolida el fin de la peor gestión de gobierno de nuestra historia. Ahora solo tenemos una administración que, en el mejor de los casos, mitigará daños”, afirmó Espinoza.
Ante esta crisis energética y la escasez de combustibles debido a la caída en la producción de gas en el país, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha insistido en la necesidad de buscar soluciones estructurales.
Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, recordó que desde 2008 la institución ha promovido alternativas como el desarrollo de biocombustibles en los nueve departamentos del país.
“En 2023, Alan Camhi, presidente del IBCE, advirtió la urgencia de revisar la política de subvención a los combustibles, permitir su libre importación y fomentar la producción de biodiésel en el sector productivo”, indicó Rodríguez.
Asimismo, el gerente del IBCE detalló que, para hacer viable la importación de combustibles a precios internacionales, se deberían implementar medidas adicionales como:
- Exonerar de tributos la importación y comercialización interna de combustibles.
- Permitir que el Gobierno subsidie los carburantes importados por el sector privado.
- Retirar el diésel y el etanol de la lista de sustancias controladas para reducir riesgos regulatorios.
- Desregular el mercado y mejorar las condiciones para atraer inversión extranjera en exploración y producción de gas.
El anuncio del Gobierno sobre la importación de combustibles a precios internacionales ha generado un intenso debate en diversos sectores. Mientras el transporte pesado y los analistas económicos critican la falta de previsión y soluciones estructurales, instituciones como el IBCE proponen medidas alternativas para afrontar la crisis energética del país. La discusión sobre el futuro de la subvención a los combustibles y el modelo energético boliviano sigue abierta, en un contexto donde la autosuficiencia y la seguridad energética parecen cada vez más lejanas.
