El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó de manera unánime la Ley que Declara Prioridad Municipal de Defensa del Área Protegida Parque Metropolitano de Protección del Río Piraí o Cordón Ecológico, en respuesta a la reciente amenaza de apropiación privada de este espacio. La norma fue sancionada apenas 24 horas después de que el Legislativo municipal se declarara en emergencia, tras conocerse que un juez de Concepción otorgó un amparo en favor de un privado sobre más de 75 hectáreas dentro de esta área de resguardo ambiental.
Durante la discusión previa a la votación, algunos concejales cuestionaron la falta de una acción firme del Concejo Municipal para frenar el fallo judicial que favorecía al particular. Sin embargo, un asesor de la Presidencia del Concejo desestimó estos cuestionamientos, argumentando que el juez actuó de manera irregular al no declinar competencia en el caso y al beneficiar a un privado en un área protegida.
Ante estos fundamentos, los ediles que inicialmente criticaban la iniciativa no tuvieron más opción que aprobar la normativa. La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, informó que ahora el alcalde Jhonny Fernández tiene 10 días hábiles para promulgar la ley, la cual permitirá identificar a los supuestos propietarios dentro del Cordón Ecológico y tomar acciones contra asentamientos irregulares en la zona.
Uno de los puntos clave de la ley es que otorga los instrumentos legales necesarios para que, en un plazo no mayor a 120 días, el ejecutivo municipal instruya una Auditoría Técnica, Jurídica y Ambiental en el área protegida. Según Mucarzel, este estudio servirá como base para un saneamiento a foja cero, permitiendo que el municipio tome posesión definitiva del Cordón Ecológico y evite futuras ocupaciones ilegales.
Además, la concejala anunció que se demandará al juez de Concepción que otorgó el amparo en favor del privado, permitiéndole tomar posesión de 75 hectáreas del área de protección del Río Piraí. La denuncia ya fue presentada ante el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental (TAA), exigiendo sanciones contra el juzgador por el delito de prevaricato y otras faltas graves.
El concejal Federico Morón, proyectista de la ley, calificó su aprobación como un hito histórico, al ser una base firme para la defensa del Cordón Ecológico.
«El pueblo cruceño necesita esta muralla de protección del Río Piraí para evitar tragedias como las riadas de 1983, que costaron la vida de cientos de ciudadanos. Ahora, unos supuestos propietarios están destruyendo este ecosistema por dinero, y no lo podemos permitir», expresó Morón.
Los concejales Lola Terrazas, Manuel Saavedra y Marcelo Vidaurre también resaltaron la importancia de esta ley para frenar los avasallamientos y asegurar que el Cordón Ecológico siga cumpliendo su función de protección contra desastres naturales y preservación ambiental.