El colombiano Leonardo R. C., acusado de robo agravado y asesinato, se fugó después de que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le otorgara medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo que desató un gran rechazo en las autoridades y la ciudadanía. Este individuo, señalado como líder de una peligrosa banda criminal, fue captado por la Policía como el responsable de varios atracos violentos que resultaron en dos muertos y varias víctimas heridas.
El fallo judicial fue muy criticado, especialmente por la Fiscalía y la Policía, quienes consideraban que R. C. representaba un grave peligro para la sociedad. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, declaró que se habían interpuesto recursos legales contra la decisión de liberar al acusado, pero los jueces Carlos Alberto Moreira y Anahí Añez, tras considerar que los riesgos procesales habían sido desvirtuados, decidieron permitir su liberación bajo medidas como una fianza de Bs 50.000, detención domiciliaria con escolta policial y arraigo.
Sin embargo, al poco tiempo de ser liberado, Leonardo R. C. desapareció sin asistir a la audiencia de juicio oral que se había programado para él. Esto desató una fuerte operación de búsqueda a nivel nacional, centrada en puntos clave como pasos fronterizos, aeropuertos y terminales de transporte. La Policía activó rápidamente su alerta para capturarlo, dado que el prófugo tiene antecedentes por robos agravados y asesinatos cometidos tanto en Bolivia como en Ecuador, donde también fue detenido en el pasado por un robo.
Este caso ha puesto de manifiesto las tensiones en el sistema judicial, particularmente cuando se trata de crímenes violentos cometidos por individuos extranjeros. La decisión de los jueces ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad de la justicia en delitos de esta naturaleza, con muchas voces que consideran que la liberación de R. C. fue una «irresponsabilidad judicial» que pone en riesgo la seguridad de la población.
La fuga de R. C. pone en evidencia la problemática de las decisiones judiciales en casos de delitos graves, generando una creciente desconfianza en el sistema judicial, especialmente entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad. La Policía y la Fiscalía continúan trabajando arduamente para localizar y recapturar al prófugo, mientras el caso sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades de Santa Cruz.
El historial criminal de Leonardo R. C. es extenso. Además de los robos y asesinatos cometidos en Bolivia, se le vincula con una serie de asaltos violentos perpetrados en varios departamentos del país, incluyendo La Paz y Cochabamba. A continuación se detallan algunos de los principales delitos que cometió la banda liderada por R. C.:
- 2 de septiembre de 2009: Robo de $30.000 en un atraco violento.
- 9 de diciembre de 2020: Atraco a funcionarios de la empresa Adagro.
- 21 de abril de 2021: Robo de $280.000 en un asalto armado.
- 19 de agosto de 2021: Asesinato de Ismael Olarte Crespo, quien fue asesinado a tiros por R. C. para robarle Bs 29.000.
- 24 de noviembre de 2021: Asesinato de Víctor Hugo Cuellar Gonzales, un empresario soyero, quien fue baleado y despojado de Bs 400.000.
- 14 de noviembre de 2022: Robo de Bs 500.000.
- 27 de mayo de 2022: Robo de Bs 208.000 en el parqueo del Banco Ganadero.
- 5 de mayo de 2023: Robo de Bs 420.000.
La búsqueda sigue activa, y las autoridades están realizando un esfuerzo intenso para que Leonardo R. C. sea recapturado. Este caso ha resaltado la importancia de reforzar las medidas de control y vigilancia judicial frente a los delincuentes de alta peligrosidad, especialmente aquellos involucrados en crímenes violentos.
