La papeleta electoral para las elecciones generales de agosto en Bolivia será de formato «multicolor y multisigno» y contará con 13 franjas, lo que confirma la participación de 13 candidatos a la Presidencia. Esta estructura elimina cualquier posibilidad de que haya un único candidato. Además, cinco partidos políticos que no participaron en las elecciones de 2020 —Demócratas, Unidad Nacional (UN), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN)— están obligados a postular en esta oportunidad si desean conservar su personería jurídica.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, recordó que estos partidos se acogieron a una «licencia» para no participar en el anterior proceso electoral, pero ahora no podrán repetir esa estrategia. Si no se presentan en los comicios de agosto o no alcanzan al menos el 3% de los votos válidos, perderán automáticamente su personería, como sucedió anteriormente con el Movimiento Sin Miedo (MSM) y el Partido Verde de Bolivia (PVB).
En total, 14 organizaciones políticas expresaron su intención de participar: cinco alianzas y ocho partidos, aunque dos de estos partidos (Demócratas y el FRI) se unieron en la alianza “Libre”, lo que ajusta a 13 la cantidad de franjas en la papeleta.
De las cinco alianzas registradas, cuatro recibieron observaciones de forma por parte del TSE, pero ya presentaron las correcciones correspondientes y la próxima semana se anunciará oficialmente cuántas de ellas estarán habilitadas. La única alianza sin observaciones fue «Alianza Popular», conformada por el MTS, el PSR y el MATE.
Paralelamente, el calendario electoral avanza con normalidad, incluyendo el empadronamiento masivo que se lleva adelante en todo el país y en 14 naciones del exterior. Este proceso de registro empezó el 18 de octubre y concluirá el 7 de mayo.
En otro ámbito, esta semana el TSE renovará su directiva, ya que la presidencia de Óscar Hassenteufel concluye. La Sala Plena sesionará el martes 29 de abril para elegir a un nuevo presidente o presidenta del organismo electoral.
Por otro lado, a pesar de que varios amparos constitucionales intentaron frenar la convocatoria a elecciones —con cuatro acciones presentadas hasta ahora—, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó su compromiso de garantizar que las elecciones se realicen el 17 de agosto, rechazando dos acciones que exigían una participación diferenciada de los pueblos indígenas. Sin embargo, persiste la falta de apoyo legislativo, ya que la Asamblea Legislativa aún no aprueba las leyes requeridas por el TSE para fortalecer el proceso electoral.
