El Comité pro Santa Cruz declaró este lunes persona no grata al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en respuesta a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Concejo Municipal, a los que calificó como una vulneración a la autonomía institucional y un atentado contra la democracia local. La medida, adoptada mediante una resolución extraordinaria, refleja el creciente malestar del movimiento cívico ante lo que considera una conducta autoritaria y permisiva por parte del Ejecutivo Municipal.
La resolución fue presentada públicamente por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, quien condenó de forma enérgica lo que describió como un “cobarde ataque planificado y artero” contra los concejales municipales. Según la denuncia, el domingo se impidió a varios representantes electos ingresar a las instalaciones del Concejo mediante el uso de la Gendarmería Municipal y la presencia de presuntos grupos de choque, lo que habría puesto en riesgo la integridad física de los concejales, periodistas y ciudadanos presentes.
“Nuestra autonomía no se toca”, afirmó Cochamanidis durante la lectura del documento, en el que también se dispone la suspensión de toda relación institucional con el alcalde Fernández hasta que éste rectifique su accionar. El Comité considera que los hechos del domingo constituyen una acción sistemática orientada a acallar la voz democrática del órgano deliberativo municipal.
Ante esta situación, el Comité se declaró en estado de emergencia cívica y exigió una intervención inmediata de la Fiscalía y la Policía para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los actos de violencia registrados. La organización también reclamó al Concejo Municipal que active todas las acciones legales y penales correspondientes en defensa de la institucionalidad y el patrimonio público.
En su resolución, el Comité pro Santa Cruz fue más allá de los hechos recientes y denunció una profunda crisis de gestión en el municipio. Criticó la precariedad del sistema de salud pública, la falta de medicamentos, la deficiente atención hospitalaria, así como la creciente percepción de corrupción y opacidad en la administración local. Igualmente, cuestionó la inacción del Ejecutivo Municipal frente al avasallamiento de áreas protegidas como el Cordón Ecológico y el Jardín Botánico, lo que, según indicó, representa una amenaza al medioambiente y al patrimonio natural de la ciudad.
Finalmente, Cochamanidis instó a los concejales a no asistir a ningún acto convocado por el Ejecutivo Municipal mientras no se restablezca el respeto a la institucionalidad democrática. Esta decisión marca un nuevo punto de quiebre en la ya deteriorada relación entre el Comité Cívico y la administración del alcalde Fernández, en un contexto de creciente tensión política y social en la capital cruceña.
