El juez 1° de Instrucción en lo Penal del municipio de Montero, Moisés Chaile, ordenó la detención preventiva del suboficial del Ejército, Vizmar G. I., de 36 años, en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom). La decisión judicial se basa en su presunta participación en el asesinato del coronel Juan Javier Soliz Cáceres, comandante del Regimiento Manchego – Satinadores de la Selva, hecho que ocurrió la noche del pasado viernes.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, presentó diversos elementos que, según el Ministerio Público, hacen presumir la implicación del militar en el crimen. Entre las pruebas expuestas figuran indicios que vinculan al suboficial con delitos de encubrimiento de asesinato y almacenaje peligroso de municiones de guerra, por lo cual se determinó su reclusión preventiva por un periodo de 120 días, mientras avanzan las investigaciones.
La aprehensión del suboficial, quien ocupaba funciones como francotirador y cajero del regimiento militar, se produjo tras un allanamiento en su dormitorio. En la intervención, los agentes encontraron una suma considerable de dinero escondida en el interior de un colchón, además de armamento no autorizado. Estos hallazgos reforzaron la hipótesis de un posible móvil económico detrás del crimen del coronel Soliz.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que el dinero incautado en el colchón correspondía a fondos de la unidad militar que debían estar resguardados en las cajas fuertes del regimiento. “Evidentemente, se ha encontrado una suma de dinero en su colchón. Ese dinero debería haber estado en una de las dos cajas fuertes que tenía el regimiento”, afirmó Aguilera.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue la aparición de pasquines amenazantes en inmediaciones del Regimiento Manchego. Según Aguilera, el mismo suboficial habría redactado a mano cuatro panfletos que advertían sobre nuevas acciones violentas si no cesaban las operaciones en el Chapare. Los documentos, aparentemente dejados con ayuda de un dron, contenían frases como: “No se siga operando en el Chapare o de nuevo enviaremos más gente”.
El viceministro también indicó que el conflicto podría haber surgido a raíz de una discusión interna por recursos no rendidos relacionados con el pago de la Renta Dignidad. Aunque se presume que Vizmar G. I. no fue el autor material del disparo que acabó con la vida del coronel, su conducta sospechosa, sumada a los elementos encontrados en su poder, motivaron su imputación.
El caso continúa siendo investigado por el Ministerio Público, con apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que está realizando pruebas científicas clave como la absorción atómica para determinar si el sospechoso manipuló un arma de fuego recientemente. También se están analizando las características balísticas del proyectil que mató al coronel, un disparo en la cabeza con una bala de calibre 9 milímetros, para establecer si el arma usada pertenece al suboficial o si hay un tercer implicado.
En un intento por explicar un posible resultado positivo en la prueba de residuos de pólvora, Vizmar G. I. declaró que recientemente había disparado contra una nutria durante un trayecto hacia Santa Rosa. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los oficiales que lo acompañaban.
Las autoridades consideran que la carta anónima lanzada por un dron, cuyo contenido también es analizado, podría constituir un distractor con el fin de desviar las investigaciones. No se descarta la participación de otros involucrados en el crimen, y el Ministerio Público ha señalado que se seguirán realizando allanamientos y recolección de pruebas en el marco de la indagación.
