Durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada este jueves, Bolivia expresó su profunda preocupación por el contexto político y social que atraviesa el país en vísperas de las elecciones generales previstas para el próximo 17 de agosto, fecha que coincide con la conmemoración del Bicentenario de su independencia.
La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, fue la encargada de exponer ante los representantes del hemisferio la situación que, en sus palabras, representa “un momento difícil” para Bolivia. Sosa alertó que las crecientes tensiones políticas y los actos de violencia registrados recientemente “ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana del proceso electoral”.
Entre los hechos que han agudizado la crisis, la canciller mencionó los bloqueos de caminos protagonizados por simpatizantes del expresidente Evo Morales, que se prolongaron durante 15 días. Estas medidas de presión buscaban viabilizar la candidatura presidencial de Morales, a pesar de que actualmente no cuenta con un partido político tras su ruptura con el Movimiento al Socialismo (MAS). Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) impide su postulación, al haber establecido que la reelección presidencial solo puede ejercerse una vez de manera continua, lo que excluye la posibilidad de un tercer mandato consecutivo.
Las consecuencias de estos bloqueos han sido trágicas. En los operativos de desbloqueo llevados a cabo por órdenes del presidente Luis Arce, tres policías perdieron la vida por heridas de bala en el norte del departamento de Potosí, mientras que otro agente falleció en Cochabamba tras ser retenido por manifestantes. Asimismo, se reportó la muerte de un civil presuntamente afín a Morales, quien habría manipulado de forma errónea un explosivo, y la de un joven universitario que fue linchado tras ser acusado de ser informante de la Policía.
Ante esta situación, el Gobierno boliviano ha presentado denuncias penales contra el exmandatario Morales, atribuyéndole al menos ocho delitos relacionados con los bloqueos, entre los que se encuentran terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales.
En su discurso, la ministra Sosa sostuvo que esta coyuntura “vulnera la estabilidad institucional del país, así como el derecho del pueblo boliviano a ejercer el voto libre, directo y soberano para definir su destino”. En ese marco, ratificó el compromiso del Gobierno del presidente Arce de garantizar elecciones “libres y pacíficas” dentro del cronograma establecido.
Sosa también solicitó formalmente el acompañamiento de una misión de observación electoral de la OEA para los comicios de agosto, con el fin de “asegurar que la voluntad popular sea respetada” y prevenir un escenario de crisis como el ocurrido en 2019. Aquel año, Evo Morales renunció a la Presidencia denunciando un supuesto “golpe de Estado” tras las acusaciones de fraude electoral en su intento de acceder a un cuarto mandato consecutivo. Las denuncias se basaron en un informe de la OEA que detectó “irregularidades” en el proceso electoral, lo que desencadenó una ola de protestas sociales y una crisis institucional de gran magnitud.
Además del panorama político interno, la canciller boliviana abordó otros temas de la agenda internacional. Reiteró el “histórico y firme reclamo” de Bolivia contra el embargo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, exigiendo su levantamiento. También pidió “justicia” para el pueblo palestino, defendiendo su derecho a vivir en paz dentro de su territorio, y enfatizó que la violencia “no puede ser el camino para resolver los conflictos”.
Finalmente, la jefa de la diplomacia boliviana recordó la centenaria demanda marítima de su país contra Chile por un acceso soberano al océano Pacífico, una reivindicación derivada de la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. En este contexto, instó a encontrar el “camino más viable” para llegar a una solución definitiva a este histórico diferendo.
