El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, lanzó una controvertida propuesta en el marco de su campaña electoral: legalizar los vehículos indocumentados —conocidos popularmente como “autos chutos”— bajo la condición de que estos sean transformados en híbridos mediante la instalación de un “Kit Verde” que reemplace el motor de combustión por uno eléctrico.
La propuesta fue presentada a través de un video difundido por las redes sociales del candidato, en el que argumentó que esta medida no solo beneficiaría a los propietarios de los vehículos ilegales, sino también a la sociedad en su conjunto. “Esto será una protección no solo para el propietario, también será una protección para toda la población y una forma de traer orden a Bolivia, eliminando el mercado negro, la extorsión y la corrupción”, afirmó Del Castillo.
El aspirante presidencial planteó que la legalización se haría mediante el pago de una suma “módica”, accesible para las familias bolivianas, y que la conversión del vehículo sería una condición indispensable. “¿Y qué pedimos a cambio? Que ese vehículo se transforme en híbrido, que le pongamos un Kit Verde, para que también funcione con electricidad. Un paso hacia el futuro”, expresó.
La conversión de un vehículo de combustión interna a uno eléctrico es un proceso complejo que requiere la intervención de especialistas, así como la instalación de componentes clave como baterías, conversores, cargadores, sistemas de gestión electrónica y otros elementos técnicos que aseguren su funcionamiento seguro y eficiente.
Según datos de la Cámara Automotriz de Bolivia, actualmente se estima que más de un millón de vehículos indocumentados circulan en el país. Estos automóviles, que ingresan de forma ilegal —en su mayoría desde Chile—, son comercializados en ferias clandestinas, principalmente en zonas rurales, y han sido objeto de reiteradas campañas de control y decomiso por parte del Estado.
Las campañas de nacionalización de “autos chutos” implementadas en el pasado generaron fuertes críticas debido a los presuntos vínculos con el contrabando y la permisividad institucional. Por esa razón, el Gobierno nacional ha descartado públicamente la posibilidad de reactivar este tipo de políticas. Incluso, el pasado 30 de junio, la Aduana Nacional salió al paso de una publicación de la prensa chilena que advertía sobre una inminente regularización masiva, aclarando que no se contempla una medida de este tipo en el futuro cercano.
Pese a este contexto, Del Castillo sostuvo que su propuesta representa una alternativa justa y viable, y no busca sancionar a quienes adquirieron vehículos indocumentados, sino ofrecerles una oportunidad de legalizar su situación bajo criterios de sostenibilidad. “No queremos castigar a quien luchó por tener su auto, queremos darle la oportunidad de avanzar y circular tranquilo”, declaró. Además, subrayó que el plan implicaría beneficios para todos los niveles del país: “Es un beneficio para el propietario, para el municipio, para el Estado y para el medio ambiente, pero sobre todo para las familias bolivianas”.
