En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, el vocero del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, denunció una presunta intromisión judicial en el proceso que involucra los predios del mercado Mutualista, tras conocerse que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia emitió una resolución que ordena al municipio entregar documentación catastral y planos de uso de suelo en un plazo máximo de 48 horas.
“Es realmente lamentable el actuar de ciertos funcionarios judiciales que pretenden que el Gobierno municipal vulnere sus propios procedimientos, se cause un daño económico a bienes del Estado. Este es un bien que pertenece a todos los cruceños, a todos los bolivianos, está inscrito como bien del Estado y se pretende que, vulnerando todo procedimiento, se entreguen estos documentos”, expresó Montenegro.
El vocero aseguró que el alcalde Jhonny Fernández ha agotado y seguirá agotando todas las vías judiciales para hacer prevalecer el derecho propietario del municipio sobre los predios. “Se están tomando y se van a seguir tomando todas las acciones legales correspondientes para evitar que se consuma este atropello contra bienes de todos”, agregó.
El fallo, emitido el 29 de julio de 2025, deja sin efecto la Ley Autonómica Municipal 417 de 2016 y el Testimonio 583/2019, que respaldaban el registro del mercado a nombre del municipio. La resolución también instruye a los directores municipales de Bienes, Catastro y Uso de Suelo entregar la documentación solicitada por los accionantes, pese a que —según el municipio— estas autoridades no fueron parte de la acción de amparo constitucional.
El director jurídico del municipio, Juan Carlos Honor, calificó esta decisión como una vulneración de derechos y garantías constitucionales, señalando que la parte accionante, identificada como la familia Crapuzzi, no ha cumplido con los requisitos formales para acceder a los documentos solicitados.
“Si la familia Crapuzzi no cumple con las formalidades previstas, nosotros exigimos también a la Sala Constitucional Tercera que, así como nos conmina en 48 horas a entregar los documentos, también exija a los accionantes presentar la documentación necesaria. Ellos no tienen consolidado el derecho propietario, por eso no acuden a las instancias correspondientes”, explicó Honor.
Montenegro también responsabilizó a las anteriores gestiones del Concejo Municipal por la situación actual del caso, mencionando directamente a la exconcejala Silvana Mucarzel, hoy candidata a senadora: “Ese Concejo Municipal, la gestión anterior, fue absolutamente incapaz; no hicieron nada para defender estos predios y, de manera rápida, dieron de baja una ley que respaldaba al municipio”.
Montenegro aclaró que el municipio no se opone a cumplir la Sentencia Constitucional 531/2024, pero reiteró que todo ciudadano, incluida la familia Crapuzzi, debe presentar los requisitos correspondientes para obtener los documentos solicitados.
Para tramitar el plano de uso de suelo, se requiere una serie de documentos como formularios, planos, fotocopias de cédula, testimonio de inscripción en Derechos Reales y boletas de pago de impuestos, tal como lo establece el artículo 19 del Reglamento de Plano de Uso de Suelo y Ubicación.
“Nosotros no vamos a perder el mercado Mutualista, porque el mercado Mutualista es del pueblo cruceño”, remarcó Honor, quien no descartó nuevas acciones judiciales en defensa del patrimonio municipal.
Durante la mañana, el concejal José Alberti, presidente en ejercicio del Concejo Municipal, llegó hasta las oficinas del alcalde Jhonny Fernández para solicitar una reunión urgente con el objetivo de analizar la situación legal del mercado Mutualista.
Alberti estuvo acompañado por el concejal Federico Morón y dirigentes gremiales del mercado, quienes también demandan una respuesta clara ante el conflicto. “Es importante contar con la presencia del alcalde y del equipo jurídico a cargo de la defensa de estos predios”, señaló el concejal.
Mientras tanto, los gremiales del Mutualista permanecen a la expectativa de las acciones que asumirá el municipio en defensa de los predios que consideran de dominio público.
