Los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que continúan en funciones pese a la conclusión de su mandato, emitieron este martes un comunicado en el que advirtieron que los procesos penales iniciados en su contra buscan generar incertidumbre en el proceso electoral y amenazar la realización de la segunda vuelta prevista para las próximas semanas.
“Actualmente hay acciones concretas, tanto de ciertos legisladores como del Órgano Judicial, procurando el descabezamiento del TCP, que buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral”, declaró Gonzalo Hurtado, presidente del TCP, desde Sucre.
El pronunciamiento se produjo luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, presentara una denuncia penal contra los cinco magistrados “autoprorrogados”, acusándolos de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de usurpación de funciones.
Según los magistrados, el TCP ha sido objeto de una serie de presiones políticas que buscan influir en sus decisiones y debilitar su independencia institucional. Aseguraron que desde hace meses existe una estrategia para tomar control del sistema judicial, instrumentalizando la justicia en favor de intereses particulares.
Asimismo, recordaron que se intentó presionar al TCP para avalar la reelección indefinida y suspender las elecciones judiciales, aunque destacaron que ese proceso fue “salvado parcialmente” gracias a la firmeza institucional del Tribunal.
En su intervención, Hurtado señaló que el TCP ha solicitado reiteradamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional que convoque a la elección de nuevas autoridades judiciales, con el fin de reemplazar a los actuales magistrados que se encuentran en prórroga.
“Esa es la única forma constitucional para completar el indicado proceso judicial”, remarcó.
El presidente del TCP también sostuvo que la institución no entrará en confrontación pública con el presidente del TSJ, aunque lo acusó de quebrantar la independencia de poderes y de emprender acciones que no le competen, con el propósito de iniciar una persecución judicial contra los magistrados del TCP.
Hurtado cuestionó el momento en que se reactivan las denuncias en su contra:
“¿Por qué a dos semanas de la segunda vuelta se pretende descabezar al TCP? ¿Qué actores políticos estarán detrás de este objetivo?”, se preguntó, dejando entrever que existe una intención de interferir en el proceso electoral.
Finalmente, el magistrado reiteró que la única vía legítima para el cambio de autoridades del TCP es el voto popular, a través de la convocatoria y preselección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa.
“La única forma, el modo adecuado constitucionalmente, es a través del voto popular. Es decir, la Asamblea Legislativa tendrá que preseleccionar a los nuevos postulantes para magistrados de los departamentos que faltan para poder realizar elecciones”, concluyó Hurtado.
