El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusa de haberse autoprorrogado de manera ilegal en sus cargos, vulnerando la Constitución y el orden jurídico del país.
La denuncia, formalizada este martes, incluye además una solicitud para que se active una alerta migratoria en contra de los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, todos actualmente en ejercicio dentro del TCP.
Saucedo sostiene que las funciones de estos magistrados concluyeron el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido por la normativa vigente. Sin embargo, al haber emitido el Auto Constitucional 49/2023 —instrumento que les permitió permanecer en sus cargos— y continuar ejerciendo funciones pese a la conclusión de su mandato, habrían incurrido en delitos tipificados en los artículos 153 y 163 del Código Penal, referidos a resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.
Según el artículo 153 del Código Penal, los magistrados denunciados habrían dictado resoluciones “arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado”, afectando los intereses del Estado y vulnerando el orden constitucional.
En cuanto al artículo 163, sobre usurpación de funciones, la denuncia argumenta que los magistrados continúan ejerciendo un cargo para el cual ya no tienen mandato legal, lo que constituye un acto de ilegalidad institucional.
En el documento remitido a la Fiscalía, Saucedo pidió que el Ministerio Público investigue la emisión del Auto Constitucional 49/2023, que en su criterio impidió el recambio de autoridades judiciales previsto en la Constitución, prolongando de manera irregular los mandatos de los vocales. Recordó además que, según la Carta Magna, el período de funciones de los magistrados tiene una duración de seis años, sin posibilidad de prórroga.
El presidente del TSJ también solicitó formalmente que se activen las alertas migratorias contra los cinco magistrados denunciados, con el objetivo de evitar que salgan del país mientras se desarrollan las investigaciones.
En una declaración anterior, Saucedo fue enfático al afirmar que los magistrados “autoprorrogados” deben dejar sus cargos de inmediato.
“Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, expresó la autoridad judicial.
