El anuncio del presidente Rodrigo Paz, realizado la noche del miércoles, sobre la eliminación de la subvención a los hidrocarburos abrió de inmediato un amplio debate entre distintos sectores del país. Mientras las organizaciones del transporte expresaron su rechazo y anunciaron reuniones de emergencia para definir posibles medidas de presión, representantes del sector empresarial consideraron que la decisión responde a la necesidad de ordenar una compleja situación fiscal y valoraron los mecanismos de protección social anunciados de manera paralela por el Gobierno.
Desde la Federación Chuquiago Marka, el dirigente del transporte federado de La Paz, Santos Escalante, informó que el sector convocó a un ampliado de emergencia para este jueves, con el objetivo de analizar el alcance de la medida y evaluar las acciones que se asumirán frente al nuevo escenario. Según indicó, las conclusiones de esta reunión serán dadas a conocer a la ciudadanía cerca del mediodía.
Escalante explicó que el principal malestar del sector radica en la falta de información y de socialización previa de la medida. Señaló que, en reuniones sostenidas anteriormente con el presidente Rodrigo Paz y autoridades del Órgano Ejecutivo, no se había planteado la posibilidad de levantar la subvención a los combustibles en el corto plazo. “Nos vemos sorprendidos con esta situación, porque no se habló de que se tomaría esta medida este año”, afirmó el dirigente.
Asimismo, no descartó que en el ampliado se analicen medidas de presión como paros o movilizaciones, aunque aclaró que cualquier decisión será asumida de manera orgánica y en consenso con las bases. También advirtió que el incremento en el precio de los combustibles podría reabrir el debate sobre las tarifas del transporte público, debido al impacto directo que tendrá el alza del diésel y la gasolina en los costos operativos del sector.
Una postura similar fue expresada por Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Choferes Primero de Mayo, quien anunció que este jueves se convocará a todas las federaciones del país para evaluar la determinación gubernamental. “Vamos a analizar esta medida porque consideramos que no es el momento adecuado y podría generar dificultades para la población”, manifestó, al tiempo de remarcar que el transporte percibe la eliminación de la subvención como una decisión que afecta de forma directa a su actividad.
Tarqui reiteró que cualquier determinación que se adopte será definida de manera consensuada con las bases, tras un análisis detallado del impacto económico y social que implican los nuevos precios de los carburantes.
De acuerdo con el nuevo esquema anunciado por el Ejecutivo, y que ya comenzó a aplicarse en algunos surtidores, la gasolina especial pasó a costar Bs 6,96 por litro, mientras que el diésel se incrementó hasta Bs 9,80, entre otros ajustes que forman parte de la reestructuración del sistema de precios de los combustibles.
Desde el sector empresarial, la reacción fue distinta. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que el ajuste en los precios del diésel y la gasolina responde a la necesidad de enfrentar una situación fiscal desafiante y de transparentar costos que, durante años, estuvieron distorsionados por el esquema de subvención.
Antelo destacó que el impacto de la medida viene acompañado de acciones de contención y protección social anunciadas por el Gobierno, como el incremento de la Renta Dignidad, el aumento del Bono Juancito Pinto y la creación de un programa extraordinario que entregará entre Bs 200 y Bs 600 a los sectores más vulnerables. “Estas medidas buscan equilibrar el esfuerzo que se está pidiendo a la población”, señaló el representante empresarial.
