El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes la aprehensión de un minero presuntamente vinculado al financiamiento de actividades ilícitas en el marco de las movilizaciones que se desarrollan en el centro de la ciudad de La Paz desde el lunes. Las protestas fueron convocadas en rechazo al retiro de la subvención a los carburantes, medida establecida en el Decreto Supremo 5503.
Mariaca explicó que la intervención se realizó luego de identificar a una persona que, presuntamente, habría proporcionado recursos económicos a grupos que protagonizaron los disturbios registrados durante la jornada de este martes. Según la autoridad, el aprehendido se encuentra actualmente bajo custodia policial, mientras se procede a la contabilización del dinero incautado y se investiga el origen y destino de los fondos, así como a los posibles beneficiarios de estos recursos.
El fiscal general precisó que el caso es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, además de otros tipos penales que serán definidos una vez se presente la imputación formal por parte del fiscal asignado al proceso. En ese sentido, Mariaca señaló que las investigaciones permitieron identificar la participación de supuestos mineros en actos ilícitos, y que el aprehendido sería la persona encargada de administrar y distribuir dinero para sostener las movilizaciones.
En paralelo a estas acciones, al menos cinco efectivos policiales resultaron heridos este martes tras la detonación de cachorros de dinamita durante los enfrentamientos registrados en el segundo día del paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503, informó la Policía Boliviana.
Los uniformados fueron evacuados de emergencia del lugar de los hechos y trasladados al Hospital Obrero, donde reciben atención médica. De acuerdo con el reporte policial, los heridos presentan lesiones compatibles con ondas expansivas provocadas por explosivos.
Los enfrentamientos se produjeron cuando grupos de manifestantes, principalmente mineros, intentaron ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, considerada el kilómetro cero del país y sede de los principales órganos del Estado. Ante estos hechos, la Policía abrió una investigación específica por el uso de explosivos durante las movilizaciones.
Asimismo, se reportó la aprehensión de cinco mineros por la presunta manipulación de explosivos, mientras que un representante de derechos humanos confirmó al menos ocho arrestos adicionales durante los operativos de gasificación realizados en inmediaciones de la plaza.
