Un juez cautelar determinó este martes imponer una fianza económica de Bs 100.000 y la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dentro del proceso penal que se le sigue por el presunto incumplimiento de una sentencia constitucional vinculada al denominado caso Mutualista.
La decisión judicial fue asumida luego de la audiencia cautelar en la que se analizó la imputación formal presentada por el Ministerio Público por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales, en el marco de una acción de defensa relacionada con un conflicto por terrenos del mercado Mutualista.
Hasta el cierre de esta información, desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ni el entorno cercano del burgomaestre emitieron un pronunciamiento oficial sobre las medidas impuestas. No obstante, en ocasiones anteriores, autoridades municipales ya habían realizado sus descargos respecto a la sentencia constitucional observada por la Fiscalía.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción presentó la imputación formal contra Fernández por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, tipificado en el artículo 179 del Código Penal.
La imputación se sustenta en que, según el documento, el alcalde no habría dado cumplimiento a una sentencia constitucional que ordenaba al Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra entregar documentación, como el plano de uso de suelo y el certificado catastral, a favor de particulares dentro del proceso por el terreno donde funciona el mercado Mutualista.
Sin embargo, desde la Alcaldía cruceña se ha reiterado que no es posible entregar dichos documentos a personas que, según su criterio, no son propietarias legales del terreno. La posición municipal sostiene que la parte interesada, en este caso la familia Crapuzzi, no habría presentado la documentación legalmente requerida para acceder al plano de uso de suelo ni al certificado catastral.
El proceso continúa en etapa investigativa, mientras el alcalde deberá cumplir las medidas cautelares dispuestas por la autoridad judicial, en tanto se define su situación legal dentro de este caso.
