La solicitud de indemnización presentada por la defensa de Juan Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha generado un debate significativo en el ámbito político y judicial boliviano. En el centro de esta petición se encuentra la sentencia constitucional 0087/2021-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la cual establece una compensación económica debido a la imposibilidad de Morales de postularse como primer senador por Cochabamba. El monto reclamado asciende a la considerable suma de Bs 1.9 millones.
La mencionada sentencia del TCP determina la evaluación del daño sufrido y la consecuente compensación económica a favor de Morales Ayma, para ser analizada y ejecutada por la mencionada sala constitucional. Esta compensación se fundamenta en varios elementos, entre los que se incluyen los costos judiciales incurridos, así como las pérdidas de ingresos y los daños emergentes ocasionados.
El pedido de indemnización, impulsado por Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado de Morales, insta a que esta compensación sea provista por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad que estaba bajo la presidencia de Salvador Romero en el momento en cuestión.
El documento presentado detalla exhaustivamente los gastos en los que se ha incurrido, reclamando los salarios que Morales habría percibido durante un periodo de cinco años (equivalente a 60 meses), que suman Bs 1.39 millones, además de aguinaldos, días de vacación y diversos costos judiciales, como los relacionados con la redacción de un amparo constitucional valuado en Bs 20.000, así como los honorarios profesionales.
Es relevante recordar que en 2020, el TSE rechazó el intento de Evo Morales de postularse como senador en las elecciones generales, argumentando que no cumplía con el requisito de residencia permanente en Bolivia, necesario para participar en el proceso electoral.
La solicitud de indemnización destaca que se reclama respetuosamente la evaluación y la compensación económica a favor de Juan Evo Morales Ayma por un total de Bs 1.912.933,59, correspondiente a los gastos judiciales, las pérdidas de ingresos y los daños emergentes, a ser pagados por el TSE.
La defensa de Morales espera que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz considere la evaluación de los daños y perjuicios, así como el pago correspondiente derivado del cumplimiento de las sentencias constitucionales. Además, subraya que esta situación no solo vulnera los derechos políticos y la igualdad del demandante, sino que también afecta su proyecto de vida y garantiza el debido proceso.
