Pese a encontrarse internado en una clínica privada, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, permanece en calidad de aprehendido dentro de la investigación conocida como el caso pavimento. Así lo confirmó el Ministerio Público, que en conferencia de prensa anunció que solicitará ante la autoridad judicial la detención preventiva de la autoridad municipal, al considerar que existen suficientes indicios de culpabilidad, así como riesgos procesales de fuga y obstaculización en el desarrollo de la investigación.
El proceso también involucra al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, y surge a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por la presunta ejecución irregular de obras de pavimentación. Según la acusación, algunos proyectos habrían sido pagados con recursos públicos, pero no construidos o ejecutados de manera incompleta.
Durante la conferencia, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la solicitud de detención preventiva será planteada de forma objetiva y debidamente fundamentada. Explicó que el Ministerio Público considera que concurren riesgos procesales tanto de fuga como de obstaculización, lo que justifica la petición de esta medida excepcional.
Zeballos detalló que la denuncia se sustenta inicialmente en un informe preliminar emitido por la Contraloría, el cual habría detectado irregularidades en la ejecución de las obras observadas. No obstante, precisó que la investigación no se limita a ese documento, ya que la Fiscalía viene realizando diversos actos investigativos, entre ellos inspecciones técnicas en los proyectos cuestionados, revisión de documentación de la Secretaría de Obras Públicas y otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos.
“El Ministerio Público ha podido advertir ciertas irregularidades respecto al hecho que se investiga”, señaló el fiscal departamental, quien además indicó que aún existen pericias técnicas pendientes que permitirán establecer con mayor precisión el presunto daño económico ocasionado al municipio cruceño.
Asimismo, Zeballos explicó que la fiscal asignada al caso, especializada en delitos de corrupción, emitió una resolución fundamentada de aprehensión con el objetivo de poner a Fernández a disposición de una autoridad jurisdiccional, la cual deberá definir su situación jurídica en un plazo máximo de 24 horas. Agregó que, durante sus declaraciones informativas, tanto Fernández como Luna optaron por acogerse a su derecho constitucional al silencio.
En cuanto a los hechos ocurridos el día de la aprehensión, Fernández se presentó cerca del mediodía del martes en dependencias de la Delcc para su audiencia cautelar. En ese momento, se lo vio saludando y sonriendo a un grupo de seguidores que se concentró en el ingreso de la repartición policial. Sin embargo, pasadas las 15:30, uno de sus abogados informó que la autoridad municipal se había descompensado, motivo por el cual una ambulancia llegó minutos después al lugar.
Alrededor de las 16:30 se conoció oficialmente que la Fiscalía había ordenado su aprehensión y, poco después, Fernández fue evacuado en ambulancia hacia una clínica privada. En imágenes difundidas en redes sociales se observa que el alcalde abordó el vehículo por sus propios medios, caminando.
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, informó que el alcalde atravesaba un “cuadro de influenza agudo” y que permanecería internado mientras aguardaba la realización de su audiencia de medidas cautelares.
Finalmente, durante la conferencia de prensa, el fiscal Zeballos aseguró que Fernández fue sometido a una valoración médica que determinó que su estado de salud es estable. “Se encuentra apto para poder ser sometido al proceso penal con todas las garantías y derechos que la Constitución le asiste”, afirmó la autoridad, ratificando que, pese a su internación, el alcalde continúa en calidad de aprehendido dentro del proceso judicial.
