El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se presentó este martes en una de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la ciudad de La Paz, para interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5552, norma que redefine la estructura administrativa de la Vicepresidencia.
Aunque la autoridad no brindó mayores detalles tras la presentación del recurso, ya había anticipado públicamente que asumiría acciones constitucionales contra esta disposición, al considerar que vulnera la autonomía administrativa de la Vicepresidencia. El decreto en cuestión establece una reestructuración institucional que traslada la mayor parte de las unidades de esta instancia al Ministerio de la Presidencia.
En ese marco, la acción presentada busca que el TCP analice la constitucionalidad de la norma y determine el verdadero alcance de la autonomía administrativa de la Vicepresidencia, en relación con el Órgano Ejecutivo. Según la postura de Lara, el decreto limita de manera significativa sus atribuciones y reduce su capacidad operativa.
La normativa impugnada modifica el Decreto 4857 de Organización del Órgano Ejecutivo y dispone la transferencia de direcciones, personal, presupuesto, activos, pasivos, contratos, así como procesos administrativos y judiciales de la Vicepresidencia hacia distintos ministerios del Ejecutivo, principalmente al Ministerio de la Presidencia. De acuerdo con el texto legal, únicamente permanecen bajo control directo de la Vicepresidencia dos unidades vinculadas al apoyo legislativo y al asesoramiento jurídico, mientras que el resto de las funciones pasa a depender de otras carteras de Estado.
En declaraciones previas, Lara calificó la norma como “completamente inconstitucional” y aseguró que el decreto lo deja sin capacidad de gestión. “Yo no puedo contratar a nadie, no puedo firmar ningún memorándum, no puedo disponer de nada. Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo”, afirmó, al cuestionar el alcance de la medida.
