El gobernador electo de Santa Cruz de la Sierra, Juan Pablo Velasco, junto a la vicegobernadora electa Paola Aguirre, se presentó este martes en el edificio de la Gobernación para entregar una carta formal con la que se activa el proceso de transición de mando.
La misiva fue dirigida a la actual administración encabezada por Luis Fernando Camacho y detalla una serie de requerimientos técnicos necesarios para llevar adelante el traspaso de funciones, previsto para el próximo 4 de mayo. Este documento marca el inicio oficial de la coordinación entre ambas gestiones para garantizar una transición ordenada.
En respuesta, se conoció una carta firmada por Camacho, en la que se informa la conformación de la comisión de transición por parte de la gestión saliente. Este equipo está integrado por autoridades y funcionarios de distintas áreas estratégicas, entre ellos asesores y secretarios departamentales, quienes serán los encargados de facilitar la entrega de información y coordinar el proceso.
En paralelo, Velasco planteó la necesidad de implementar una “pausa administrativa” durante los días previos al cambio de mando. Según explicó, esta medida busca evitar la toma de decisiones que puedan comprometer la situación financiera de la Gobernación, especialmente en un contexto que calificó como crítico.
El gobernador electo advirtió que esta pausa implica frenar contrataciones directas, nuevas licitaciones y la ejecución de proyectos que generen obligaciones económicas a futuro. “La realidad es que no hay dinero”, sostuvo, enfatizando la delicada situación económica que —según indicó— heredará su gestión.
Asimismo, Velasco expresó su preocupación por información recibida a través de la vicegobernadora electa, sobre presuntos intentos de la actual administración de realizar contrataciones de personal eventual y consultorías por periodos de hasta seis meses, a pocos días de concretarse el cambio de autoridades.
En ese sentido, reiteró la importancia de actuar con responsabilidad en esta etapa de transición, evitando decisiones de último momento que puedan afectar la sostenibilidad financiera y la planificación de la nueva gestión departamental.
