Luego de una reunión sostenida en la Casa Grande del Pueblo, representantes del sector campesino informaron que el presidente Rodrigo Paz Pereira, en presencia de los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, asumió el compromiso de gestionar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la Ley 1720, referida a la conversión de tierras.
El anuncio se da en el marco de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y organizaciones campesinas, el cual quedó formalizado en un acta de coordinación y trabajo firmada por ambas partes. Este documento, que fue dado a conocer la tarde del miércoles, incluye varios puntos que serán objeto de seguimiento en los próximos días.
En relación con este compromiso, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que la decisión final sobre la abrogación de la norma recae en el Órgano Legislativo. Por su parte, los representantes campesinos señalaron que esperan que el tema sea tratado en esa instancia en el corto plazo.
El encuentro contó con la participación de autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo, además de dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la presencia del senador Branko Marinkovic.
Desde el Ministerio de la Presidencia destacaron la disposición del mandatario al diálogo, señalando que “el presidente Rodrigo Paz Pereira reafirma su compromiso con un Gobierno que escucha, ordena y resuelve”, apostando por el consenso y la concertación como pilares de la gestión pública.
Sin embargo, el senador Branko Marinkovic recordó que la Asamblea Legislativa es un órgano autónomo y que no está obligada a regirse por los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y sectores sociales. En ese sentido, enfatizó que será el pleno legislativo el que determine si corresponde o no la abrogación de la Ley 1720.
Asimismo, en el acta suscrita, la CSUTCB incluyó otras demandas dentro de su pliego, entre ellas la reducción del 50% de los salarios de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la denominada Ley antibloqueo, temas que también deberán ser considerados en futuras instancias de debate.
