El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la abrogación de la Ley de Estados de Excepción, durante una sesión desarrollada de manera virtual debido a los conflictos sociales y movilizaciones registradas en la sede de Gobierno. La decisión fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores presentes y, tras su sanción, el documento fue remitido al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.
La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre diputados de distintas fuerzas políticas, quienes expresaron posiciones a favor y en contra de la eliminación total de la norma.
Durante su intervención, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, manifestó su preocupación por los hechos de violencia registrados en medio de los conflictos sociales y señaló que las protestas no pueden derivar en agresiones contra efectivos policiales o militares.
“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, expresó el legislador durante el tratamiento de la norma.
Por su parte, la diputada del PDC, Milka Rojas, advirtió que la abrogación total de la ley podría generar consecuencias legales y sugirió que, en lugar de eliminar completamente la normativa, se proceda únicamente a la derogación de algunos artículos específicos.
En la misma línea, la diputada Sonia Siñani expresó su rechazo a la abrogación y sostuvo que una decisión de esa naturaleza podría incrementar aún más la tensión social que atraviesa el país.
“Es como echar gasolina al fuego, eso tenemos que entender, no podemos acallar el pueblo. Yo no voy a abrogar esta ley. Cuando hay un problema no podemos incitar más con esta abrogación”, afirmó la legisladora.
La Ley de Estados de Excepción es la norma que regula las condiciones, límites y procedimientos que debe seguir el presidente del Estado cuando decide declarar un estado de excepción, una medida extraordinaria contemplada para situaciones de emergencia o crisis severas.
De acuerdo con varios legisladores que respaldaron la abrogación, esta ley funcionaba como un “candado” o “freno legal” destinado a evitar posibles excesos del Gobierno en el uso de facultades extraordinarias durante conflictos sociales o escenarios de crisis.
Según establece la Constitución Política del Estado, el presidente puede declarar estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del país, conflictos internos o desastres naturales que pongan en riesgo la estabilidad nacional.
Asimismo, el estado de excepción es considerado un mecanismo temporal de emergencia que permite al Gobierno restringir de manera limitada algunos derechos ciudadanos y disponer la participación de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público cuando la magnitud de los conflictos o amenazas supera la capacidad de control policial.
