El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó este lunes que, hasta el momento, las pruebas realizadas a las muestras de madera boliviana sometidas a análisis no detectaron la presencia de sustancias controladas. No obstante, aclaró que estos resultados preliminares no significan el cierre de los procesos investigativos abiertos en distintos departamentos del país, ya que el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos.
La autoridad explicó que, tras la recolección de fragmentos de madera para su análisis, las muestras fueron remitidas a diferentes instituciones especializadas para la realización de estudios periciales y pruebas científicas.
Según detalló, hasta la fecha se han recibido resultados correspondientes a aproximadamente el 60% de las muestras enviadas, y todos los informes conocidos hasta el momento establecen que no se encontraron rastros de cocaína ni de otras sustancias ilícitas.
“Luego que se colectaron los trozos de madera para el análisis (…), se entregaron a las instituciones para que puedan realizar las diligencias respectivas. Es así que, en estos días, se han remitido alrededor del 60% de todas las muestras enviadas (…) y se hace mención de que las mismas hubieran tenido el resultado de negativo”, señaló Mariaca en conferencia de prensa.
Pese a estos resultados, el fiscal general enfatizó que las investigaciones siguen vigentes y que el Ministerio Público continuará actuando con objetividad y responsabilidad hasta contar con todos los elementos necesarios para asumir una determinación definitiva.
“Esto no quiere decir que los casos abiertos estén cerrados. Simplemente nosotros, como Ministerio Público, estamos siendo objetivos con todas las diligencias que se llevan adelante en diferentes departamentos del país”, sostuvo.
Mariaca remarcó que la Fiscalía actuará en estricto apego a la ley y emitirá resoluciones fundamentadas, ya sea para rechazar los casos o para formular imputaciones, dependiendo de los resultados finales de las investigaciones.
El caso cobró notoriedad internacional a principios de junio, cuando autoridades chilenas informaron sobre la incautación de cargamentos de madera boliviana destinados a la exportación que, presuntamente, habrían estado impregnados con sustancias controladas.
La denuncia generó una amplia repercusión y motivó el intercambio de información entre autoridades de ambos países. Incluso, antecedentes y reportes fueron remitidos oficialmente desde Chile al Ministerio Público de Bolivia mediante correo electrónico, lo que derivó en la apertura de investigaciones en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz.
Desde entonces, fiscales e investigadores realizan diversas actuaciones con el objetivo de verificar las denuncias y determinar si existió algún tipo de actividad ilícita relacionada con la exportación de madera.
El fiscal general recordó además que autoridades de Brasil también retuvieron cargamentos de madera boliviana en zonas fronterizas, debido a sospechas similares sobre la posible presencia de droga.
Según explicó, inicialmente las pruebas de campo realizadas por la Policía Federal brasileña arrojaron resultados positivos; sin embargo, análisis posteriores efectuados por laboratorios especializados en ese país descartaron la existencia de cocaína o de cualquier otra sustancia controlada.
“¿Qué hizo la Federal? En primera instancia, a prueba de campo, la madera retenida dio positivo; luego llevaron a realizar las pericias con sus institutos en Brasil y salió negativo a cocaína o a cualquier sustancia controlada”, explicó Mariaca.
Tras confirmarse esos resultados, las autoridades brasileñas autorizaron la continuidad del proceso de exportación de la madera boliviana retenida.
Durante su intervención, el fiscal general también se refirió a las repercusiones políticas que generó este caso y pidió que las investigaciones se desarrollen sin presiones ni interferencias externas.
Mariaca aseguró que el Ministerio Público actuará únicamente en función de lo establecido por la Constitución Política del Estado y el Código Penal, garantizando la independencia de las decisiones que se adopten.
“Aquí nosotros no podemos permitir la injerencia de ninguna índole política para una determinación que tiene que ser con responsabilidad (…). Los políticos, sean de la oposición o sean del oficialismo, tienen todo el derecho de hacer política, pero yo les pido, con todo el respeto, que no se haga política con este caso”, manifestó.
