La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó la internación de gasolina desestabilizada aprobó este jueves su informe final, documento en el que identifica presuntas responsabilidades de exautoridades de los gobiernos de Rodrigo Paz y Luis Arce por una serie de decisiones relacionadas con la importación, autorización, fiscalización y control de combustibles que, según la investigación legislativa, terminaron afectando durante semanas al parque automotor de Bolivia.
El informe establece responsabilidades en diferentes niveles y áreas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instancias vinculadas al sector hidrocarburífero.
La investigación parlamentaria divide las posibles responsabilidades en diferentes aspectos, entre ellos la internación del combustible, los cambios introducidos en las normas bolivianas, la falta de fiscalización y la emisión de permisos excepcionales, además de incumplimientos técnicos, vacíos regulatorios y deficiencias de infraestructura.
En relación con la internación de la gasolina cuestionada, la comisión investigadora señala a dos exautoridades vinculadas a YPFB durante la gestión de Rodrigo Paz.
Uno de ellos es Yussef Akly, quien fue el primer presidente de YPFB durante el actual Gobierno. La última aparición pública de Akly se registró el 24 de junio, cuando acudió a declarar ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.
El informe también señala a Armin Dorgathen, expresidente de la petrolera estatal durante el Gobierno de Rodrigo Paz, como otra de las personas sobre las que la comisión encuentra presuntas responsabilidades.
De acuerdo con las conclusiones legislativas, YPFB habría introducido al territorio nacional lotes de combustible base que no contaban con las especificaciones completas de estabilidad química requeridas para garantizar la calidad del producto y proteger el parque automotor del país.
La comisión sostiene que estas operaciones se realizaron amparándose en resoluciones de excepción emitidas bajo argumentos de urgencia, situación que, según el documento, permitió la internación de los lotes de combustible sin que se cumplieran completamente las condiciones técnicas exigidas.
Otro de los puntos abordados por la comisión está relacionado con las modificaciones realizadas a las normas que regulaban la importación de combustibles.
En este apartado aparece Mauricio Medinaceli, quien fue el primer ministro de Hidrocarburos durante la gestión de Rodrigo Paz. El exministro actualmente se encuentra imputado dentro de la investigación de la Fiscalía y un juez cautelar determinó que cumpla detención domiciliaria.
Junto a Medinaceli, el informe identifica como presuntos responsables al expresidente Luis Arce y a su exministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.
Según el documento de la comisión, durante el Gobierno de Arce se flexibilizaron las condiciones para la importación de gasolina mediante los decretos 5218 y 5313.
La investigación parlamentaria considera que estas modificaciones generaron un “marco jurídico favorable para la internación de combustibles sin controles de calidad”, lo que habría permitido que determinados lotes ingresaran al país bajo condiciones distintas a las que anteriormente eran exigidas.
La comisión también cuestionó el trabajo realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que atribuye responsabilidad por la autorización de resoluciones de importación consideradas urgentes y favorables a YPFB.
De acuerdo con el informe, la ANH habría permitido que la empresa estatal quedara eximida de presentar determinados certificados de calidad y, además, cuestiona la existencia de deficiencias en los controles posteriores sobre los combustibles que ingresaron al país.
Entre las exautoridades señaladas en este apartado figura Margot Ayala, quien fue la primera directora ejecutiva de la ANH durante la gestión de Rodrigo Paz.
La comisión también identifica como presuntos responsables a Germán Jiménez y Joel Callaú, quienes ocuparon el cargo de directores ejecutivos de la ANH durante el Gobierno de Luis Arce.
El informe legislativo también encuentra posibles responsabilidades en distintas unidades de la entidad reguladora, aunque en estos casos no menciona nombres específicos. Entre ellas están la Dirección de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural y la Dirección de Regulación de Derechos.
La investigación de la comisión especial también detectó presuntas irregularidades relacionadas con las capacidades técnicas y de control de la ANH.
El documento señala a la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad por no haber gestionado oportunamente la licitación y posterior implementación de un laboratorio fijo obligatorio, además de la renovación de equipos destinados a los laboratorios móviles.
Según las conclusiones de la comisión, esta situación generó una importante limitación para el Estado al momento de verificar las características y condiciones de los hidrocarburos que ingresaban al país.
“Esta omisión dejó al Estado incapacitado para evaluar la calidad de los hidrocarburos”, señala el informe.
La comisión también apunta a la Dirección de Control de Distritos Técnicos y a la Dirección de Biocombustibles por una demora de tres años en la elaboración de una reglamentación. En este punto, el documento no identifica a personas específicas.
A partir de las observaciones realizadas durante el proceso de investigación, la comisión especial de Diputados identificó una serie de posibles delitos que, según corresponda, deberán ser investigados y determinados por el Ministerio Público.
Entre las figuras señaladas en el informe se encuentran conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.
Con la aprobación del informe por parte de la Cámara de Diputados, las conclusiones de la comisión serán remitidas a las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones y auditorías respectivas.
El documento establece así una cadena de presuntas responsabilidades que abarca decisiones adoptadas durante las gestiones de Rodrigo Paz y Luis Arce, además de señalar a exautoridades de YPFB y la ANH y a diferentes unidades técnicas y administrativas relacionadas con la regulación, importación y control de combustibles.
La determinación final sobre la existencia de responsabilidades penales corresponderá al Ministerio Público y a las autoridades judiciales, que deberán analizar los elementos contenidos en el informe legislativo y establecer si las actuaciones observadas configuran delitos y quiénes serían responsables de los mismos.
