El Gobierno descartó de manera categórica la posibilidad de abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece un esquema de precio diferenciado para el diésel, pese a la creciente presión de los sectores productivos que cuestionan la norma y advierten sobre su impacto en los costos de producción y en el precio de los alimentos.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue contundente al ser consultado sobre la posibilidad de dejar sin efecto la disposición. “No se abroga”, respondió la autoridad, dejando clara la posición del Ejecutivo frente a una de las principales demandas planteadas por el sector agropecuario.
La postura del Gobierno se conoció mientras el rechazo al decreto comenzó a traducirse en medidas de presión en las carreteras. Este miércoles, productores instalaron un bloqueo en el puente San Pablo, sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, exigiendo la abrogación del DS 5676.
La movilización generó la interrupción del tránsito y obligó a suspender las salidas de buses desde Santa Cruz de la Sierra con destino a Trinidad, afectando a pasajeros y transportistas que utilizan esta ruta.
El conflicto podría intensificarse este jueves 27 de agosto, debido a que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a un congreso extraordinario en Warnes, donde participarán representantes del sector agropecuario de diferentes regiones del país.
El principal punto de la agenda será precisamente el pedido de abrogación del Decreto Supremo 5676 y la definición de las nuevas acciones que asumirá el sector productivo ante la posición asumida por el Gobierno.
Aramayo explicó que todavía existe la posibilidad de realizar ajustes al esquema establecido por el decreto mediante la reglamentación y la aprobación o modificación de normas complementarias.
La autoridad sostuvo que el proceso de reglamentación aún se encuentra abierto y que existen aspectos que pueden ser trabajados para adecuar la aplicación de la norma.
“Hay todavía en algunos ámbitos una fase reglamentaria, hay que reglamentar el decreto y hay normas complementarias que también hay que modificar y trabajar”, explicó.
Sin embargo, el ministro dejó claro que estas modificaciones no implican que el Gobierno esté considerando eliminar el decreto. En ese sentido, cuestionó que algunos sectores planteen como única alternativa la abrogación de la norma sin presentar propuestas destinadas a resolver el problema del abastecimiento de combustible.
“Eso de, bueno, no me gusta, se abroga, se deroga, entonces, ¿qué propones?, ¿qué salida le damos?, ¿qué preferimos?, ¿que no haya abastecimiento y que las colas estén frente a surtidores que no van a vender el diésel?”, cuestionó.
Ante una nueva consulta sobre si existe alguna posibilidad de abrogar el Decreto Supremo 5676, Aramayo volvió a responder de manera categórica: “No se abroga”.
Respecto al precio establecido en el decreto, el ministro de la Presidencia señaló que el monto fijado es referencial y que puede experimentar variaciones.
“Ya se dijo que el precio es referencial, que hay una variabilidad que va a presentarse naturalmente y el decreto lo plantea”, afirmó.
Según Aramayo, el valor establecido para el combustible no fue determinado de manera arbitraria, sino que responde a diferentes parámetros económicos, entre ellos el denominado precio de paridad de importación.
El Decreto Supremo 5676 es cuestionado principalmente por el sector productivo debido al precio referencial de Bs 18 por litro de diésel establecido para clientes directos y grandes consumidores.
Los productores consideran que este incremento representa un golpe significativo para la actividad agropecuaria, debido a que el combustible es un insumo fundamental para el funcionamiento de maquinaria, transporte y diferentes etapas de la producción.
La Cámara Agropecuaria del Oriente sostiene que el incremento de los costos puede terminar repercutiendo en toda la cadena productiva y trasladándose finalmente al consumidor mediante un aumento en el precio de los alimentos.
Mientras el Gobierno mantiene su posición, los productores comenzaron a adoptar medidas de presión para exigir que el decreto sea retirado.
Este miércoles, productores de la provincia Marbán, principalmente del municipio de San Andrés, instalaron un bloqueo en el puente San Pablo, provocando la interrupción de la carretera entre Santa Cruz y Trinidad.
La medida generó la paralización del transporte interdepartamental y dejó buses varados en ambos extremos del punto de bloqueo. La protesta se concentró en el rechazo al nuevo precio del diésel y en las consecuencias que, según los movilizados, tendrá para el sector productivo.
Los productores argumentan que el aumento del combustible se suma a otros costos que ya afectan a la producción agropecuaria, entre ellos la compra de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, repuestos, transporte y créditos.
Desde el sector advierten que la combinación de estos factores puede incrementar de manera considerable los costos de producción y terminar afectando no solamente a los productores, sino también a los consumidores.
Los movilizados también cuestionan que, pese a la implementación del nuevo esquema de precios, persistan dificultades relacionadas con el abastecimiento de diésel y las largas filas registradas en diferentes estaciones de servicio.
La movilización se desarrolla además durante la vigencia del estado de excepción en el país, situación que fue mencionada por el ministro Aramayo al referirse a las medidas de presión anunciadas por diferentes sectores.
La autoridad señaló que los ciudadanos tienen derecho a realizar marchas y otras manifestaciones pacíficas, pero recordó que los bloqueos se encuentran prohibidos durante la vigencia del estado de excepción.
En ese sentido, advirtió que las autoridades harán cumplir las disposiciones establecidas durante este periodo.
“Los bloqueos están prohibidos durante el estado de excepción”, sostuvo Aramayo, para posteriormente remarcar que “la ley se va a cumplir”.
Con este escenario, la atención se concentra ahora en el congreso extraordinario convocado por la Cámara Agropecuaria del Oriente en Warnes.
El encuentro está previsto para este jueves 27 de agosto, desde las 9:00, y contará con la participación de representantes de organizaciones y sectores agropecuarios de diferentes regiones del país.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, adelantó que la principal demanda será la abrogación total del Decreto Supremo 5676.
El sector considera que la norma establece condiciones discriminatorias para los productores y cuestiona que las modificaciones aplicadas al precio del diésel no hayan solucionado las dificultades de abastecimiento que enfrenta el país.
Los productores también sostienen que el incremento del combustible tendrá un efecto directo sobre la estructura de costos del sector agropecuario y, por esa vía, podría repercutir en los precios de los alimentos que llegan a los mercados.
Durante el congreso, los representantes del sector deberán analizar el escenario actual y definir las medidas que asumirán para presionar al Gobierno.
De esta manera, el Ejecutivo y los productores llegan al encuentro con posiciones claramente enfrentadas. Mientras el sector agropecuario mantiene como demanda principal la abrogación del DS 5676 y se prepara para definir nuevas medidas de presión, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, ya anticipó que no retirará la norma, aunque mantiene abierta la posibilidad de realizar ajustes mediante su reglamentación y normas complementarias.
