Con el voto favorable de la mayoría de los asambleístas, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó el proyecto de Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías en el Departamento de Santa Cruz, una norma que busca establecer mecanismos de prevención y respuesta ante las medidas de presión que interrumpen la circulación por las carreteras del departamento.
El proyecto fue debatido durante más de tres horas en el pleno legislativo y tiene como principal objetivo dotar a Santa Cruz de un instrumento legal que permita anticiparse a los bloqueos de vías y reducir sus efectos sobre la población, particularmente cuando estas medidas terminan afectando el libre tránsito, el abastecimiento de alimentos, el traslado de pacientes, el transporte de medicamentos y el movimiento de la producción.
Durante el tratamiento de la norma, varios asambleístas realizaron observaciones a determinados artículos y solicitaron que fueran revisados con mayor atención antes de su aprobación definitiva. Sin embargo, durante la votación en detalle, la mayoría respaldó el texto inicialmente presentado, por lo que el proyecto quedó aprobado y deberá pasar ahora a consideración del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, para su promulgación.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental y principal impulsora de la iniciativa, María René Álvarez, explicó que la propuesta tiene un marcado componente preventivo y pretende establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones que pueden intervenir cuando exista una amenaza de bloqueo o cuando una medida de presión genere consecuencias generalizadas para la población.
Según Álvarez, la norma permitirá activar mecanismos de alerta temprana, monitoreo permanente, coordinación institucional y diálogo preventivo, con la finalidad de que las autoridades puedan actuar antes de que los bloqueos sean instalados y evitar que una situación de conflicto derive en mayores perjuicios para la ciudadanía.
El sistema contempla la participación de diferentes instituciones y entidades públicas, entre ellas la Secretaría Departamental de Seguridad, la Policía, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los municipios que pudieran verse afectados y la propia Asamblea Legislativa Departamental, que tendrá funciones de seguimiento y fiscalización política.
Durante el debate también se puso énfasis en las consecuencias que generan los bloqueos más allá de las pérdidas económicas. Los asambleístas señalaron que la interrupción de las carreteras puede dificultar el traslado de personas que requieren atención médica, impedir o retrasar el transporte de medicamentos, afectar el abastecimiento de alimentos, obstaculizar el traslado de productos agrícolas y comprometer el funcionamiento de servicios considerados esenciales.
Al defender el proyecto ante el pleno legislativo, María René Álvarez sostuvo que la iniciativa no pretende restringir el derecho a la protesta ni criminalizar las movilizaciones sociales, sino establecer una respuesta institucional ante las consecuencias que pueden producir los bloqueos cuando afectan de manera amplia a la población.
“El ciudadano tiene derecho a protestar, pero también tiene derecho a circular”, afirmó la presidenta de la ALD durante su intervención, al remarcar que ambos derechos deben ser considerados dentro de las acciones que adopten las instituciones públicas.
