La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset presentó ante un tribunal de Estados Unidos una moción para dejar sin efecto la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas vinculadas al acusado. Los abogados argumentan que la Fiscalía estadounidense habría utilizado como fundamento para obtener la orden un delito que no correspondía con la investigación formal que se seguía contra Marset y que, además, los activos se encontraban fuera del territorio estadounidense.
El planteamiento fue presentado por los abogados estadounidenses Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, bajo la coordinación del abogado uruguayo Santiago Moratorio. La defensa busca que el tribunal ordene la liberación de los activos retenidos y cuestione la legalidad de la medida mediante la cual las cuentas fueron incautadas.
Según los argumentos expuestos en la moción, las cuatro cuentas se encontraban bajo el control de Tether, una empresa con sede en El Salvador. La defensa sostiene que un agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) obtuvo una orden de incautación el 23 de abril utilizando como fundamento una investigación relacionada con un supuesto delito de narcoterrorismo.
Sin embargo, los abogados aseguran que, en ese momento, la acusación formal de la Fiscalía contra Marset estaba relacionada con una presunta conspiración para el lavado de activos. Para la defensa, esta diferencia no constituye un simple error administrativo o técnico, sino una deficiencia sustancial que podría afectar la validez de la orden de incautación.
Los abogados sostienen que la causa probable presentada ante el juez debía guardar relación con el delito que estaba siendo investigado formalmente. Desde su perspectiva, utilizar una acusación vinculada al narcoterrorismo como fundamento para retener los activos, cuando la investigación señalaba una presunta conspiración para el lavado de dinero, habría generado un problema jurídico relevante.
La defensa fundamentó además su planteamiento en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece límites para los registros e incautaciones y exige que las órdenes judiciales estén respaldadas por una causa probable.
De acuerdo con la interpretación de los abogados, para justificar la incautación de las criptomonedas era necesario demostrar dos aspectos: que Marset presuntamente había cometido un delito que permitiera el decomiso de los bienes y que las cuentas o activos retenidos tenían una conexión directa con ese delito.
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con la ubicación de las cuentas. La defensa afirma que la orden de incautación no habría especificado dónde estaban físicamente ubicados los activos digitales ni habría explicado de manera suficiente por qué los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción para intervenir sobre cuentas controladas por una compañía establecida en El Salvador.
En ese sentido, los abogados señalan que la orden no contenía una referencia concreta sobre la ubicación de las cuentas de criptomonedas. También sostienen que la solicitud presentada ante el juez no habría establecido que los servidores utilizados por Tether estuvieran ubicados dentro del Distrito Este de Virginia o en algún otro lugar de Estados Unidos.
La defensa invocó igualmente la Regla 41 de las normas federales de procedimiento penal estadounidenses, que establece determinadas limitaciones territoriales para las órdenes de registro e incautación. Si bien dicha normativa contempla excepciones en determinadas circunstancias, entre ellas algunas relacionadas con investigaciones de terrorismo, los abogados consideran que ninguna de esas excepciones habría sido debidamente fundamentada en la solicitud utilizada para obtener la orden.
Mientras cuestionan la legalidad de la incautación, los abogados estadounidenses de Marset también hacen referencia a los informes utilizados por los agentes para describir las actividades que se atribuyen al ciudadano uruguayo.
En esos documentos, las autoridades estadounidenses identifican a Marset como un presunto narcotraficante transnacional y supuesto líder de una organización dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
Los investigadores también relacionan a Marset con el ciudadano uruguayo Federico Santoro Vasallo, señalado por las autoridades como un presunto operador financiero de la organización. Según los documentos citados en la investigación, Santoro Vasallo habría cumplido funciones relacionadas con el lavado de dinero y habría facilitado el traslado de millones de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico entre distintos países.
No obstante, la defensa sostiene que el informe utilizado por los agentes no describe actividades terroristas ni actos concretos de terrorismo. Este punto es considerado central por los abogados, debido a que, según su planteamiento, el supuesto vínculo con el narcoterrorismo fue utilizado como una de las bases para obtener la orden que permitió incautar las cuentas de criptomonedas.
La defensa pretende que el tribunal analice si existía realmente una causa probable suficiente para ordenar la retención de los activos y, además, si las autoridades estadounidenses tenían competencia territorial para actuar sobre cuentas controladas desde fuera de Estados Unidos.
