El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó este lunes el pronunciamiento de Estados Unidos en el que se lo acusa de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. La autoridad cuestionó cualquier intento de condicionar el trabajo del Ministerio Público y aseguró que las investigaciones bajo su responsabilidad continuarán conforme a la legislación boliviana.
Durante una conferencia de prensa, Mariaca defendió la institucionalidad de la Fiscalía y sostuvo que su labor, al frente del Ministerio Público, no puede ser puesta en duda por decisiones o declaraciones provenientes de otros países.
“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado, cargo otorgado democráticamente conforme a la institucionalidad boliviana, sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, manifestó.
En ese contexto, el fiscal general resumió su posición con la frase “cooperación sí, injerencia no”, al señalar que Bolivia puede mantener mecanismos de cooperación con otros Estados, pero que estos deben desarrollarse respetando la soberanía y la independencia de las instituciones nacionales.
Mariaca afirmó que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros países y sus políticas internas, pero sostuvo que ese mismo principio debe aplicarse a las instituciones bolivianas. En su criterio, la soberanía también implica garantizar que organismos como la Fiscalía puedan desarrollar sus investigaciones sin condicionamientos externos.
El fiscal vinculó parte de la controversia con varias investigaciones que actualmente se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio Público y que han generado repercusiones dentro y fuera del país. Entre ellas mencionó el denominado caso Cerimedo, relacionado con el estratega argentino Fernando Cerimedo y que contempla investigaciones por un presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, además de hechos relacionados con presunta corrupción.
Mariaca sostuvo que estos procesos deben continuar su curso independientemente de las presiones o cuestionamientos que puedan surgir, tanto dentro como fuera de Bolivia. Señaló que las investigaciones deben permitir establecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.
Además del caso Cerimedo, el fiscal general mencionó otras investigaciones que se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público, entre ellas el denominado caso “narcomadera”, las pesquisas relacionadas con combustible presuntamente adulterado o irregular y el caso vinculado con la importación de crudo, entre otros procesos que, según indicó, continúan en desarrollo.
“Ninguna presión política nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados”, afirmó Mariaca.
La autoridad también remarcó que una investigación no implica anticipar responsabilidades penales. “Investigar no significa condenar, investigar significa buscar la verdad. Este fiscal general no está para acusar anticipadamente a nadie ni para condenar a nadie”, sostuvo.
Las declaraciones de Mariaca se produjeron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que las acciones que atribuye al fiscal general ponen en riesgo los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y, según la posición estadounidense, debilitan instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante del programa Escudo.
Frente a esas acusaciones, Mariaca insistió en que las diferencias entre Estados pueden expresarse mediante críticas y desacuerdos, pero señaló que existe un límite cuando esas posiciones pueden afectar el funcionamiento de una institución pública boliviana.
Como parte de su argumentación, el fiscal general recordó además antecedentes de la relación entre Bolivia y Estados Unidos. Mencionó el caso del expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario Rodrigo Paz, quien el 16 de enero de 1996 fue afectado por la cancelación de su visa estadounidense en un contexto marcado por acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Mariaca afirmó que recordar ese antecedente no tiene como objetivo profundizar una confrontación entre ambos países, sino destacar la importancia del respeto a la soberanía y a las decisiones institucionales de cada Estado.
El fiscal general concluyó defendiendo la posibilidad de mantener mecanismos de cooperación internacional, pero bajo reglas claras y con respeto mutuo entre los países. En ese marco, ratificó que las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público continuarán y que corresponderá a las instancias competentes establecer los hechos y eventuales responsabilidades a medida que avancen los procesos.
