El parlamento de Georgia aprobó el polémico proyecto de ley de “agentes extranjeros” que ha sido objeto de protestas masivas en las calles.
Los diputados dieron luz verde a la normativa este martes con 84 votos a favor y 30 en contra en la tercera sesión de debate del proyecto.
Sus críticos, que lo llaman “ley rusa”, señalan una presunta influencia de Moscú en la redacción del proyecto de ley y temen que pueda utilizarse para reprimir las libertades civiles de los georgianos.
Miles de personas en la capital, Tiflis, expresaron su rechazo a la medida a las puertas del parlamento, mientras en su interior se vivió una tensa jornada con altercados físicos y verbales entre diputados oficialistas y de la oposición.
El proyecto de ley enfrenta un probable veto de la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, que no pertenece al partido gobernante Sueño Georgiano.
Sin embargo, se prevé que el parlamento anule el veto presidencial y saque adelante la ley.
Pero ¿en qué consiste y qué implicaciones tiene la nueva normativa?
Qué es y por qué preocupa
Propuesto por Sueño Georgiano -que lleva 12 años en el poder-, el proyecto de ley especifica que las ONG y medios independientes que reciban más del 20% de su financiación de donantes foráneos deben registrarse como organizaciones “que defienden los intereses de una potencia extranjera”.
También estarían sometidos a la supervisión del Ministerio de Justicia y obligados a compartir información confidencial y presentar una declaración financiera anual.
Para aquellas entidades que incumplan la ley se contemplan multas de hasta 25.000 GEL (US$9.400).
Sus críticos comparan la ley de “agentes extranjeros” con una ley marcadamente autoritaria que entró en vigor en Rusia en 2012 y que el Kremlin utiliza desde entonces para acallar las voces que desafían al poder, desde medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil hasta personalidades del ámbito de la cultura.
Rusia invadió Georgia en 2008 y desde entonces ocupa aproximadamente un 20% de su territorio reconocido internacionalmente, por lo que en la sociedad georgiana existe un profundo sentimiento de hostilidad hacia Moscú.
Además, en octubre de este año están programadas elecciones parlamentarias en Georgia y muchos temen que el gobierno use la “ley rusa” para reprimir a sus críticos, teniendo en cuenta que varias ONG y entidades de la sociedad civil participarán en el seguimiento de los comicios.
Georgia, más lejos de la UE
Otra preocupación es que esta ley desvíe a Georgia de su camino hacia la codiciada membresía en la Unión Europea, un anhelo que comparte casi el 80% de los georgianos según una encuesta del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos.
Georgia alcanzó el estatus de candidato a miembro de la UE en diciembre de 2023, pero ahora tanto Bruselas como Washington han indicado que la ley de agentes extranjeros sería perjudicial para las ambiciones europeístas del país.
Varios líderes del bloque han advertido que el proyecto de ley es “incompatible” con las normas y valores europeos, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que afirmó que la ley “alejaría a Georgia de la UE en vez de acercarla”.
Tamar Oniani, representante de la ONG Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, definió la ley de “agentes extranjeros” como “una cuestión de política exterior para Georgia, porque nos trasladaría de la UE a Rusia“.
Otras voces críticas han señalado la imposición de leyes similares contra la influencia foránea no solo en Rusia, sino también en otros países cercanos a Moscú como Kirguistán o Azerbaiyán.
“A los países prorrusos en la llamada vecindad rusa se les ha pedido que aprueben esta ley, como una forma de crear una división entre ellos y Europa“, alegó Anna Dolidze, del partido opositor Por el Pueblo.
En Kirguistán, la ONG Open Society Foundations anunció recientemente el fin de sus operaciones después de tres décadas en el país por la introducción de una ley sobre agentes extranjeros.
Esta, aseguró la ONG en un comunicado, tendría “un impacto abrumadoramente negativo en la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación en Kirguistán”.
Rusia, por su parte, ha rechazado las acusaciones de intromisión.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó que Moscú haya tenido conexión alguna con el proyecto de ley, aunque atribuyó las protestas de los georgianos a fuerzas extranjeras que buscan promover el sentimiento antirruso en el país.
La visión del gobierno
La presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, también cree que la ley de agentes extranjeros es obra de Moscú y prometió ejercer su derecho a veto para impedir su aplicación.
Sin embargo, esto solo retrasaría la puesta en vigor de la “ley rusa” que volvería al parlamento y este podría refrendarla con la mayoría de diputados progubernamentales.
En Georgia la figura de la presidenta es más bien ceremonial y la jefatura de gobierno está en manos del primer ministro, Irakli Kobakhidze.
Kobakhidze es un férreo defensor del proyecto de ley y ha acusado a las ONG de intentar organizar revoluciones en Georgia, de promover “propaganda gay” y de atacar a la Iglesia ortodoxa.
Él y su gobierno insisten en que el proyecto de ley busca garantizar la transparencia y rechazan la idea de que vaya en contra de los valores europeos o de que Rusia esté detrás.
El partido gobernante Sueño Georgiano ha calificado cualquier similitud percibida con la ley rusa como “desinformación” y ha tratado de desvincularse del Kremlin, denunciando los mensajes rusos sobre las protestas en Georgia como incendiarios.
Un día antes de la aprobación parlamentaria, Kobakhidze advirtió que, si se daba marcha atrás al proyecto, Georgia perdería soberanía y “compartiría fácilmente el destino de Ucrania”, sin ofrecer más detalles.
Nikoloz Samkharadze, diputado de Sueño Georgiano que votó a favor de la ley, explicó la postura del partido gobernante a favor de la normativa en una entrevista con la BBC.
Alegó que “hay 25.000 ONG registradas en Georgia y el 95% de su financiación viene del extranjero y lamentablemente hay un vacío en la legislación que no obliga a estas organizaciones a hacer públicos sus ingresos y sus gastos”.
“Así, cuando hay desafíos fundamentales a la seguridad nacional en Georgia, cuando el 20% de nuestro país está ocupado por Rusia, cuando hay conflictos y guerras en las inmediaciones (…) tenemos derecho a saber quién financia a las ONG, de qué país y en qué proyectos u objetivos gastan el dinero”.
También aseguró que el proyecto georgiano “no se parece en nada” a la normativa vigente en Rusia, que “tiene estrictas leyes a la hora de aplicar responsabilidad criminal a los individuos, clausurar organizaciones no gubernamentales o prohibir a personas participar en las elecciones”.
En cuanto a las críticas de la UE, afirmó que su gobierno está “abierto al debate y a escuchar las sugerencias de autoridades europeas”.
Georgia y Rusia
La ex república soviética de Georgia se independizó en 1991, pero experimentó un período de inestabilidad interna durante gran parte de la década siguiente, en la cual la región de Abjasia proclamó su independencia.
Tiflis alega que esta región disidente fue invadida por Rusia y ha permanecido ocupada desde entonces.
En 2008, después de una guerra de cinco días, las tropas rusas ocuparon otra región georgiana, Osetia del Sur, una zona montañosa al noroeste de la capital.
Más tarde la región también proclamó su independencia, que es reconocida por un grupo de países, incluidos la propia Rusia, además de Siria y Venezuela.
Osetia del Sur todavía está efectivamente bajo ocupación rusa.
Según encuestas de opinión, a la mayoría de los georgianos les gustaría que el problema de Osetia del Sur y Abjasia se resolviera pacíficamente.
