La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha emitido una advertencia sobre las graves consecuencias económicas que generará la toma del pozo Yarara X2 si esta situación persiste. La compañía ha estimado una pérdida potencial de 30 millones de dólares debido a la interrupción de operaciones. En respuesta a la situación, 100 efectivos policiales han sido desplazados al lugar para garantizar la seguridad en las inmediaciones de la instalación petrolera.
Wilman Yabeta Viera, vicepresidenta de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, ha aclarado que no se tiene la intención de intervenir directamente ni de desbloquear las áreas ocupadas por los manifestantes. “Manejamos la cultura del diálogo. Solo es una vigilia para que no pase a mayores”, explicó Yabeta.
El cierre del pozo, iniciado el día anterior, ha retrasado significativamente la recuperación de condensado de petróleo, provocando una pérdida diaria de más de 500 barriles. Esto se traduce en aproximadamente 300.000 bolivianos por día. Yabeta ha advertido que un cierre prolongado podría causar daños irreparables en la formación y en la mecánica del pozo, lo que resultaría en pérdidas económicas exponenciales. “Abrir y cerrar un pozo no es como abrir y cerrar un grifo. La intervención para recuperar la producción perdida podría costar más de 30 millones de dólares”, añadió.
En cuanto a la seguridad del personal, Yabeta informó que tres trabajadores fueron evacuados del pozo al momento de las protestas. Normalmente, en el campo trabajan tres personas por turno, con cambios cada 14 días. La evacuación se realizó para evitar confrontaciones y garantizar la seguridad de los empleados, dado el manejo de altas presiones en el pozo.
Yabeta también mencionó que se ha convocado una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar la aprobación de un crédito carretero, esperando que esto contribuya a calmar los ánimos y permitir la normalización de las actividades. “Esperamos que con esto ya se calmen los ánimos y podamos volver a la normalidad”, concluyó.
La protesta tiene su origen en las demandas de diferentes sectores del municipio de Yapacaní, que exigen el asfaltado de un tramo caminero de 30 kilómetros en la región. Para la ejecución de este proyecto vial, se necesita un crédito que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la demora en la aprobación de este préstamo ha intensificado el descontento de los grupos sociales, quienes han cerrado el paso de todo tipo de vehículos sobre la carretera Santa Cruz – Cochabamba.
A pesar de la presión ejercida mediante la toma del pozo Yarara X2, los sectores sociales han indicado que están dispuestos a levantar esta medida específica. Sin embargo, han aclarado que mantendrán el bloqueo de la carretera hasta que se apruebe el proyecto carretero.
