La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ha levantado una seria acusación contra Julia Ramos, exministra durante el gobierno de Evo Morales y actual vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, señalándola de poseer 174 propiedades registradas a su nombre en Derechos Reales. Esta denuncia, hecha pública recientemente, ha desatado un intenso debate político en Bolivia.
Campero ha afirmado que Ramos habría aprovechado su posición para “instrumentalizar” a los residentes más necesitados del barrio Bartolina Sisa en Tarija, utilizando supuestamente estos terrenos como medio de obtener beneficios económicos indebidos. La diputada opositora ha expresado su indignación por lo que considera una práctica de abuso y enriquecimiento injustificado a costa de los ciudadanos.
En respuesta, Julia Ramos ha negado categóricamente estas acusaciones, asegurando que solo posee un lote en dicho barrio, el cual también está registrado a nombre de su hijo. En una entrevista con Red Uno, Ramos desestimó las afirmaciones de Campero como un ataque político oportunista, dudando de la veracidad de las cifras mencionadas y argumentando que estas acusaciones son un intento de desprestigiarla en su retorno a la vida política activa.
Este miércoles, Ramos volvió a abordar el tema frente a periodistas en La Paz, expresando su decepción por el enfoque de Campero hacia otra mujer en la política. Describió las urbanizaciones que ha promovido desde 2008 en Bartolina Sisa como proyectos destinados a proporcionar viviendas a más de 400 familias necesitadas. Ramos afirmó que todos los procesos han sido legales y que está dispuesta a continuar entregando las propiedades restantes a aquellos que aún no han recibido sus títulos.
Además, Julia Ramos ha manifestado que está buscando a la diputada Campero para aclarar las acusaciones directamente, subrayando que no ha recibido respuesta a las comunicaciones previas que le envió. Ramos ha advertido que, de no obtener una respuesta satisfactoria en 48 horas, tomará acciones legales contra Campero por difamación.
Este enfrentamiento entre Campero y Ramos destaca la polarización política en Bolivia, especialmente en temas sensibles como el uso de tierras y la corrupción. La situación sigue desarrollándose mientras ambos bandos políticos buscan validar sus posiciones en el debate público y judicial.
