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FRANKLIN MOLINA ADVIERTE QUE SUBVENCIÓN DE COMBUSTIBLES ES INSOSTENIBLE Y COSTARÁ $2.000 MILLONES EN 2024

El ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, expresó este jueves su preocupación sobre la sostenibilidad de la subvención de combustibles en el país. Durante una entrevista en el canal estatal, Molina subrayó que esta medida, que ha sido una constante en la economía boliviana desde el gobierno de Hugo Banzer, se ha vuelto “insostenible” y que, para el año 2024, representa un gasto de 2.000 millones de dólares.

El ministro resaltó que el impacto de esta subvención no solo afecta las finanzas del Tesoro General del Estado, sino también la economía de todos los bolivianos. Señaló que el costo de mantener esta política ha crecido significativamente en los últimos 15 años. En este sentido, Molina precisó que mientras en el pasado la subvención representaba un costo aproximado de 200 millones de dólares, ahora ha escalado hasta los 2.000 millones de dólares, evidenciando un crecimiento alarmante.

Ante este panorama, Molina enfatizó que durante las últimas dos décadas se han intentado diversas estrategias para mitigar el impacto de la subvención, pero el único resultado observable ha sido el incremento de su costo, volviéndola insostenible para la economía nacional.

En defensa de la reciente propuesta del presidente Luis Arce Catacora, Molina respaldó la idea de realizar un referendo para que la población boliviana decida sobre la continuidad de la subvención de combustibles. Según el ministro, este referendo sería un mecanismo constitucional legítimo que permitiría consultar al pueblo sobre decisiones que impactan a toda la ciudadanía.

Cabe destacar que el pasado martes, durante el discurso por el aniversario de la independencia de Bolivia el 6 de agosto, el presidente Arce planteó la realización de un referendo no solo para decidir el futuro de la subvención de combustibles, sino también para abordar temas como la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y la reelección de autoridades. Este planteamiento ha generado un amplio debate en la sociedad boliviana, ya que aborda cuestiones clave que podrían redefinir aspectos fundamentales del sistema político y económico del país.

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