La Procuraduría General del Estado identificó una serie de presuntas irregularidades en un proyecto de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) cuyo costo supera los $us 24,3 millones y que, de acuerdo con el procurador Hugo César León La Faye, actualmente no se encuentra en funcionamiento.
La autoridad explicó que un trabajo conjunto entre la Procuraduría y YLB permitió elaborar un informe en el que se establecen diversas observaciones al proceso de contratación y se identifican posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en las diferentes etapas de la adjudicación.
León señaló que existen indicios de hechos que podrían haber derivado en la apropiación, desvío o malversación de importantes recursos económicos del Estado. Sin embargo, aclaró que será el Ministerio Público el encargado de establecer, mediante una investigación, si se cometieron delitos y cuáles serían las responsabilidades individuales.
“Han sido toda una serie de hechos que han permitido que personas que estaban cumpliendo funciones para el Estado puedan haberse apropiado, desviado o malversado recursos económicos ingentes”, afirmó.
Entre las principales observaciones identificadas figura una inconsistencia en la evaluación del formulario A6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para la ejecución del proyecto. Según explicó el procurador, parte de ese equipamiento comprometido para la obra “nunca llegó a completarse”.
Otra de las observaciones está relacionada con una modificación de los criterios de evaluación después de que las propuestas ya habían sido abiertas. León cuestionó que los parámetros hayan sido cambiados durante el proceso.
“Se abren las propuestas y ahí, en ese momento, se modifican los criterios de evaluación”, explicó.
El informe también habría establecido que se asignaron puntajes que no contaban con un respaldo claro en los parámetros o rangos que habían sido publicados previamente. De acuerdo con el procurador, esas calificaciones fueron determinadas por funcionarios bajo “criterios totalmente subjetivos”.
A ello se suma una observación relacionada con la disponibilidad de recursos económicos. León afirmó que el proceso de contratación fue iniciado y desarrollado sin contar con una certificación presupuestaria que acreditara la existencia de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.
La Procuraduría también identificó indicios de una posible “adjudicación predeterminada”, aspecto que será incorporado entre los antecedentes que serán puestos a consideración del Ministerio Público para que se establezca si corresponde iniciar una investigación penal.
Otro de los elementos económicos observados corresponde a la diferencia existente entre la propuesta que finalmente fue adjudicada y otra oferta que quedó fuera del proceso.
Según León, el contrato fue adjudicado a la empresa Germex, mientras que otra compañía fue descartada. Entre ambas propuestas existía una diferencia de $us 874.251.
“Se ha adjudicado a una empresa que es la que ha ganado, Germex, y se ha descartado de manera arbitraria a otra empresa”, señaló el procurador.
No obstante, León aclaró que, desde la perspectiva de la Procuraduría, el posible daño económico para el Estado no debería calcularse únicamente tomando en cuenta la diferencia entre ambas propuestas.
“El costo total del proyecto tiene una suma que supera los 24 millones 387 mil. Como ustedes saben, el proyecto no está funcionando”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el análisis debe considerar también los recursos públicos que fueron destinados a una infraestructura que, según la información presentada, no estaría generando los resultados esperados ni permitiendo al Estado recuperar la inversión realizada.
“El daño económico no es solamente por la diferencia del precio de adjudicación, sino por el costo total de un proyecto que no está rindiendo los frutos necesarios ni está permitiendo que el Estado boliviano los recupere”, sostuvo.
