El juicio abreviado ha pasado a ser una práctica frecuente en los procesos donde interviene el Gobierno, generando preocupación por la rapidez con la que se emiten condenas. Este jueves, cuatro campesinos de la provincia Omasuyos en La Paz fueron condenados a tres años de prisión tras ser acusados de bloquear carreteras. Los detenidos, identificados como Luis Ayala Cussi, Celso Canaza Luque, Agustín Aliaga Cala y Miguel Mamani Maji, fueron aprehendidos el lunes y en apenas tres días recibieron su sentencia.
Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, estos individuos protagonizaron bloqueos en la carretera a Copacabana, impidiendo la libre circulación y poniendo en peligro la seguridad de las personas y de los medios de transporte. El bloqueo se realizó en la tranca de Corapata, como parte de una resolución tomada por los campesinos de las 20 provincias de La Paz. Durante la intervención policial, los acusados fueron sorprendidos intentando descargar una volqueta de tierra en la vía.
Este caso es el cuarto en el que el juicio abreviado ha sido utilizado en circunstancias similares. Uno de los precedentes es el caso de Adepcoca, en el cual se reveló que el Ministerio de Gobierno ofreció reducciones de penas a cambio de que los implicados aceptaran someterse a un juicio abreviado. Situaciones similares ocurrieron en octubre de 2023, cuando dos exjefes militares aceptaron su responsabilidad en los eventos del denominado «golpe I» bajo la misma modalidad procesal. Asimismo, en el caso conocido como “Zuñigazo” en junio de 2024, los detenidos también denunciaron que el Ministerio de Gobierno les ofreció la opción de un juicio abreviado a cambio de penas menores. Uno de los acusados aceptó y admitió su culpabilidad.
En este último caso de los cuatro campesinos, el Ministerio de Gobierno señaló que los acusados reconocieron su participación y culpabilidad en los hechos, lo que permitió que el Juez Octavo de Instrucción de El Alto emitiera una sentencia condenatoria de tres años de prisión por los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte y los servicios públicos.
El exdiputado Amilcar Barral, quien logró un fallo constitucional para impedir los bloqueos de carreteras, se pronunció sobre el tema. Si bien reconoce que el proceso fue acelerado gracias a esa resolución, criticó al Gobierno por continuar con la persecución de los campesinos en lugar de enfocarse en los organizadores de las movilizaciones, haciendo referencia explícita al expresidente Evo Morales.
