El vocal constitucional del Tribunal de Garantías de Beni, Charles Mejía, falló a favor del abogado Hugo Vargas Palenque, quien aspiraba a ser candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en representación de Beni en las próximas elecciones judiciales. Vargas Palenque había presentado una demanda señalando irregularidades en el proceso de convocatoria a dichas elecciones.
En su fallo, el Tribunal de Beni determinó que existen vicios en las convocatorias tanto para el TSJ como para el Tribunal Constitucional, lo que llevó a la declaratoria de desierta de ambas convocatorias. Esta decisión, además, paraliza los comicios judiciales que estaban programados para el 1 de diciembre. El tribunal determinó que ciertas disposiciones de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024, concretamente el artículo 37, número 2, eran contrarias a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, por lo que fueron inaplicadas.
El artículo en cuestión permitía la inclusión de candidatos que no alcanzaran la nota mínima de 130 puntos en las evaluaciones realizadas por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, otorgando una excepción para incluir a la mujer o representante indígena con la mejor calificación, aunque no hubiera superado dicha puntuación. Sin embargo, el fallo de Mejía cuestiona esta disposición, señalando que no se cumplieron las exigencias constitucionales en cuanto a la representación de género, pluralidad y representación departamental.
El fallo no aborda el estado de las convocatorias para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, cuyos magistrados también debían ser elegidos por voto popular en diciembre. Mejía explicó que la decisión será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, y mientras no haya un pronunciamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta no podrá tomar ninguna medida.
Este fallo en Beni se suma a otro emitido el mismo día por un Tribunal de Garantías de Pando, que también falló en contra del proceso electoral judicial. En ese caso, la candidata María Esther Caero impugnó su inhabilitación, así como la habilitación de otros candidatos que, según ella, no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. En ambos fallos, el numeral 2 del artículo 37 de la ley de elecciones judiciales fue un punto central de las observaciones.
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación por los fallos de los tribunales de Beni y Pando, calificando la suspensión de las elecciones judiciales como un “golpe a la democracia”. Asimismo, anunció que se interpondrán todos los recursos legales necesarios para que el proceso electoral siga adelante.
