Chuquisaca (29.10.2026).- El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste Viera, informó que el Ministerio Público dispuso la aprehensión del Fiscal de Materia Julio César Canaza Soliz, asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Pampa de la Isla de Santa Cruz de la Sierra, por su presunta participación en delitos de Concusión y Cohecho Pasivo, quien habría cobrado montos económicos de forma ilegal. En las próximas horas, el aprehendido será remitido ante un juez cautelar.
“En el caso del Fiscal de Materia, Julio César Canaza Soliz, se ha procedido a la presentación de una denuncia por cohecho activo y cohecho pasivo. Realizadas las investigaciones, se ha procedido al seguimiento con la policía de inteligencia, donde se ha determinado la existencia de un pago vinculado a una salida alternativa en un caso de robo agravado, por lo que se ha procedido a la aprehensión de este fiscal”, afirmó Urioste.
Asimismo, la autoridad aseguró que, “es un mensaje para los señores fiscales de que no se van a permitir actos de corrupción en esta vigencia de nuestro mandato constitucional, para limpiar la cara del Ministerio Público a nivel nacional. Muestra de eso es que en este proceso se ha procedido a la aprehensión inmediata de este ciudadano para ponerlo, en las próximas horas, a disposición de un juez cautelar en la ciudad de Santa Cruz”.
Según los antecedentes, el caso fue conocido por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Jhimmy López, quien dispuso las actuaciones correspondientes ante la presunta intermediación de una asistente fiscal y el ofrecimiento de dinero por parte de un abogado particular.
Al fiscal Canaza Soliz se le atribuye haber solicitado o recibido dinero para favorecer actuaciones dentro de procesos penales bajo su conocimiento, por lo que es investigado por los delitos de Concusión y Cohecho Pasivo. En el proceso también se investiga a la asistente fiscal particular Muriel V. B., por su presunta intervención como intermediaria, y al abogado particular Erman A. C., por el delito de Cohecho Activo.
Las declaraciones informativas darían cuenta del pago de 3.000 bolivianos para beneficiar con una salida alternativa en un caso de robo agravado y de un presunto acuerdo de 10.000 bolivianos, vinculado a un sobreseimiento, por lo que se sigue con las investigaciones.
